EDITORIAL
Un nuevo episodio de brutalidad policial fue denunciado el domingo. Los policías señalados, a su vez, denunciaron a los jóvenes, víctimas del maltrato, por “desobediencia”. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo a la salida de un local bailable, mientras se realizaba el operativo de “despeje” de la zona a la finalización de la fiesta.

Cualquiera que ha presenciado este tipo de procedimientos sabe que son momentos de tensión, en los que se conjugan como posibles detonantes de un conflicto, que a veces estalla y a veces no, la presencia de algunos jóvenes descontrolados por los efectos del alcohol y otras sustancias y la propensión de algunos efectivos al maltrato antes que a una actuación profesional. Un combo explosivo.
En este tipo de casos siempre hay dos versiones de los hechos: la de los ciudadanos presuntamente agredidos por los policías y el de los uniformados. En el hecho que se narra también. Es muy difícil sacar conclusiones respecto de qué fue lo que pasó con exactitud en el operativo desarrollado en la zona alta del circuito de El Jumeal. Hay un video, que se viralizó, en el que se puede ver un recorte de lo sucedido. Se observa a efectivos, masculinos y femeninos, actuando con una violencia que excede largamente lo que se conoce como un “uso racional de la fuerza”.

Es probable que los jóvenes hayan tenido, durante el incidente, un comportamiento indebido. Según trascendió públicamente, habrían actuado denigrando a los policías y haciendo ostentación de cierta “posición social” y contactos con el poder. Una actitud repudiable, si es que verdaderamente existió. Al margen de esta situación, es responsabilidad de los efectivos prevenir hechos de violencia, y eventualmente arrestar a los que los perpetran, sin incurrir ellos en conductas también ilícitas o de provocación.

El episodio del domingo tuvo trascendencia no solo por la difusión del video, sino porque familiares de los jóvenes se movieron rápidamente y formularon una queja ante la Jefatura. Por esa razón la Policía ordenó que la División de Asuntos Internos inicie un sumario para determinar las responsabilidades. La decisión es la correcta, pero no parece conveniente tener demasiadas expectativas respecto del resultado de la pesquisa, si es que finalmente se hace. En casos de esta índole suele tener más peso la complicidad corporativa que la independencia de la investigación.

También es necesario señalar que es muy probable que si las víctimas del presunto maltrato policial fuesen jóvenes de sectores humildes, sin llegada a la Jefatura, sin contacto y sin “posición social” que ostentar, el hecho no hubiese merecido atención alguna de las autoridades.

Al margen del caso del domingo, la brutalidad policial sigue siendo un problema irresuelto. Si se puede advertir en procedimientos públicos, fácil es intuir lo que sucede en los reductos cerrados de las comisarías. Algunos apremios se denuncian, pero otros ya no: son asumidos por las víctimas, sobre todo de los sectores populares, como parte de la cultura policial.

Ese acostumbramiento es dañino, pero parece una consecuencia lógica de la falta de voluntad de las autoridades para resolver de raíz el problema, o al menos iniciar un proceso para hacerlo. Lo cual requiere lo que evidentemente falta: firmeza, voluntad política y criterios independientes de cualquier presión corporativa cuando se investiga la violencia institucional.

Fuente: El Ancasti

Fuente: El Chasqui Digital

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