El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, dictó el auto de procesamiento
contra tres integrantes de la agrupación política Martín Fierro (MF) -íntimamente
ligada al Gobierno Provincial- por el delito de “estafa a la Administración Pública en la
modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal”, como consecuencia de
la denuncia realizada por el gerente de Empleo y Capacitación Laboral del ministerio
de Trabajo de la Nación, Mariano Manzi.
Según el comunicado de prensa, el magistrado considera que existen elementos de
prueba que demuestran que Ricardo Rodríguez, como presidente, junto a Dora
Cecilia Guerrero y Orlando Elieser Paredes, se quedaban con parte del dinero que
percibía un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social.
La denuncia fue realizada por Manzi a fines del año 2017, luego de que el propio
Rodríguez –que además de presidir la “Martín Fierro” había sido nombrado en el área
de Desarrollo Social de la Provincia- afirmara ante los medios de prensa que los
afiliados a su agrupación realizaban un “aporte partidario voluntario”.

Ricardo Rodriguez, Martin Fierro,
Ricardo Rodriguez, Martin Fierro,

Los “afiliados” no eran más que personas de escasos recursos que buscaban obtener
beneficios de los distintos programas de asistencia de los organismos nacionales,
como la Gerencia de Empleo. Al ser los responsables de la agrupación quienes
llevaban los listados de posibles beneficiarios, cuando recibían el beneficio los
intimaban a entregar un porcentaje de sus ingresos bajo la amenaza de que les
quitarían el plan. Los aportes iban de los 100 a los 400 pesos, según el monto que
percibía el beneficiario.
Uno de los testimonios con los que cuenta la Justicia es el de un beneficiario del
programa Argentina Trabaja, de apellido Contrera, quien narró: “Era beneficiario de
un plan Argentina Trabaja, que me diera el Sr. Ricardo Rodríguez. Primero cobraba
$1500 y después $1800. (…) Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa a
pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. (…) Primero, cuando cobrábamos
$1500, había que dejarle $100 en su casa, y cuando empezamos a cobrar $1800
teníamos que dejarle $200”.
“En el caso de mi familia (4), todos teníamos la misma obligación, dejar el dinero en
su casa. Él llevaba un cuaderno donde anotaba cuando le pagábamos y firmábamos
la entrega. Además, tenía personas que lo secundaban, tipo esclavos”, dijo el
beneficiario del programa.
Así como el de Contrera, hay muchos otros testimonios en el expediente que dan
cuenta de las maniobras perpetradas por Rodríguez y compañía para lucrar a través
de la gestión de beneficios para los más necesitados. Los relatos son similares en
cuanto al modus operandi, y en todos los casos señalan que al momento de cobrar
debían llevar una parte a los domicilios de Rodríguez, Paredes o Guerrero.
Por su parte, Manzi se refirió al dictamen del juez y señaló: “Me queda la tranquilidad
de que obramos con la verdad. Advertimos una situación irregular, grave, de
personas que presuntamente estaban aprovechándose de gente en situación de
vulnerabilidad arrebatándole una porción de un beneficio social, lo cual es además
ruin”.
“Hoy la Justicia nos da la razón, ya que se han juntado elementos de prueba y se
dictó el procesamiento de estos personajes, que no deben ser llamados dirigentes
políticos, sino que son simplemente rateros que les roban a los que más necesidades
tienen, y lo hacen amparados por el Gobierno de la Provincia”, agregó.
Cabe señalar que el juez Contreras, además de procesar a los sospechosos, trabó
embargos sobre sus bienes por la suma de 30.000 pesos.