“La pauta de crecimiento es para gastos corrientes, como los salarios. Los fondos que la Corte pretendía serán destinados a gastos de capital, como equipamiento. Toda esta discusión parte de una falacia y un error en la técnica presupuestaria cometido por el propio Poder Judicial, que confeccionó su presupuesto sin considerar la pauta de crecimiento general. Es de imposible aplicación porque todos los gastos son afrontados con fondos del Tesoro Provincial y se calculan conforme a los ingresos previstos”, insistió en su explicación.
Embargo
En declaraciones a El Ancasti, Cáceres señaló que el Poder Judicial podría solicitar que se embarguen fondos de la coparticipación de la Provincia para garantizar el servicio de Justicia en el marco de la disputa por el Presupuesto de 2023.
“El presupuesto para el Poder Judicial ha quedado menguado, pero no se puede dejar de funcionar. Se tendrá que tomar alguna medida importante para exigir que se envíe la plata o sino embargar la coparticipación», había dicho Cáceres.
«Hay provincias que ya establecen en sus constituciones que el Poder Judicial se dará sus propios recursos y que no lo pueden tocar los otros poderes. Ése es el concepto de organismos más importantes que establecen que los presupuestos del Poder Judicial no se deben tocar”, añadió en el marco de esta polémica que se desató en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de los presupuestos de los poderes del Estado provincial para el año próximo.
En este contexto, cuando se convirtió en ley el presupuesto de la Provincia, la Cámara de Diputados recortó un 30% la propuesta que había sido elevada por el Poder Judicial (unos $5.200 millones) y la destinó para gastos de Salud, Educación y Seguridad. La diferencia estuvo en que la Provincia y la Legislatura contemplaron una pauta salarial del 60% para el año próximo, mientras que la Corte estimó un incremento de haberes cercano al 100%.
Cáceres planteó la posibilidad del embargo de fondos de coparticipación como una salida para que el Poder Judicial no deje de funcionar. “No se pueden pagar sueldos normales que están por debajo de la inflación ni privarse del servicio de Justicia, bajo ningún punto de vista. Tiene que haber un mecanismo para garantizar los fondos que son necesarios”, reclamó el miembro de la Corte.
En este punto, planteó que si no se logra un acuerdo al respecto “se cobrará el 80 o el 70% (de los sueldos) hasta que logremos los fondos”.
