El diputado oficialista Gustavo Aguirre (Frente de Todos) presentó una iniciativa
cuyo objetivo es facilitar el traslado de las docentes (aplicable para todos los
niveles y modalidades, tanto de gestión estatal y privada) que lo soliciten por
motivos de violencia género en base a la Ley Nacional 26.485 de “protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

En la fundamentación, el legislador remarca que la propuesta busca resolver “el
problema de mujeres docentes víctimas de violencia de género que por su
situación laboral se ven obligadas a compartir en escuelas y localidades con sus
presuntos victimarios”. A la vez, indica que la iniciativa resolvería parcialmente la
ausencia de herramientas de perspectiva de género en la legislación particular de
la docencia.

Sucede que existe un vacío legal que priva “al Ministerio de Educación de contar
con una normativa que contemple situaciones particulares de violencia hacia las
mujeres, garantice el cese del hostigamiento, preserve la salud mental, física y
emocional de las víctimas y su bienestar en el ámbito laboral de su competencia
institucional”. En el proyecto se estipula que el traslado será a solicitud de la
docente debiendo presentar las denuncias correspondientes.

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