Personal de la unidad especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional estuvo en el Tribunal de Cuentas y en el ministerio de Obras Públicas requiriendo información por supuestas irregularidades detectadas en licitaciones del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) por más de $ 1.500 millones en obras de riego con la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste S. A. (Ceosa).
La medida fue dispuesta por orden del juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2. Éste impartió la orden de información tanto a nivel local como también en Mendoza y Buenos Aires.
La averiguación surgió tras la denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción (OA) sobre presuntas irregularidades en licitaciones por obras de riego. La acusación judicial de la OA apunta que Ceosa fue “la que más licitaciones ganó”, por más de $1.500 millones, entre 2010 y 2015, “a pesar de haber incumplido plazos de ejecución que nunca fueron sancionados”.
Se investigan los posibles delitos de “negociación incompatible con la función pública”, “administración infiel agravada por haber sido cometida contra la Administración Pública nacional” y “no habría que descartar la existencia de sobreprecios y sobornos”.
En el caso de Ceosa, se cita como ejemplo una licitación adjudicada en 2012 por $26 millones para una obra en la provincia. Además, se habrían dado una maniobras en agosto de 2016, cuando “se actualizó” en $82 millones el monto a pagarle.
Si bien la denuncia sobre el Prosap hace foco en el período 2010-2015, la OA aseguró en su denuncia que “algunas de las personas que son mencionadas como posibles involucrados en la maniobra a la fecha prestan servicios en el organismo”.
Relevamiento
Gendarmería estuvo recabando en el TC todas las actuaciones en torno a “irregularidades advertidas en las licitaciones y en las obras riego o afines, incumplimientos y multas” que hubiesen sido adjudicadas a Ceosa financiadas -parcial o totalmente- con fondos del Prosap o de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). Tras el operativo, Gendarmería recolectó en el TC información respecto a las licitaciones para los años 2008, 2013, 2015 y principios de 2016.
En el caso del ministerio de Obras Públicas, se solicitaba la entrega de “todos los contratos, adendas, expedientes de licitaciones de obras, ampliaciones de obra, prórrogas de plazo de finalización, expedientes de multas e incumplimientos, actas de inicio de obra y de finalización, certificados de avance y los comprobantes de depósito del adelanto financiero de cada obra”.
Aclaración Oficial
Rubén Gil, a cargo del Prosap en Catamarca, explicó las pautas del programa. En primer lugar, señaló que dentro del Prosap “no se puede hacer absolutamente nada sin contar previamente con la no objeción del organismo de crédito” -ya fuese del BID, el BIRF (Banco Mundial) o la Corporación Andina de Fomento, según la obra- como del Prosap nacional.
En otras palabras, “no se puede licitar y adjudicar obras, contratar personal, comprar equipamiento sin contar con el visto bueno” de ambas entidades. “Tanto Nación como el BID dieron el visto bueno de todo el proceso licitatorio y la adjudicación de la obra a Ceosa”, sintetizó Gil.
En cuanto a las a las supuestas irregularidades en la licitación de la obra “Aportes al desarrollo de los distritos de Riego de Belén y Pomán” que ganó la empresa denunciada, Gil recordó que hubo un primer llamado en octubre del 2013 y que, si bien la mejor oferta fue la de Ceosa, “fue desestimada por estar muy alejada del precio estimado”.
“Para el segundo llamado, la oferta más baja fue de la empresa Ceosa, con un monto de $ 167.995.913”, indicó, acotando que tras la evaluación correspondiente se firmó “el contrato el 7 de mayo de 2015 y se realizó el pago del anticipo financiero previsto en el pliego de la licitación”.
“Es decir que si se hubiera querido beneficiar a la empresa, se le habría adjudicado la obra en la primera licitación”, remarcó.
Así, tras complejo análisis técnico con base en la nueva normativa, se determinó el factor de actualización llegando al nuevo valor del contrato por $ 250.313.910 y firmando la adenda el 30 de agosto de 2016.
“En ese tiempo la empresa completó los proyectos ejecutivos y se firmó el acta de inicio de obra con fecha 19 de octubre de 2016”, dijo Gil, acotando que a la fecha “la obra se encuentra en plena ejecución y según el último certificado de obra el avance global es del 91,68% en Mutquín, Pajonal, Siján y Rosario de Colana, en Pomán”.
“El plazo estimado de finalización es mediados de abril de 2018”, informó Gil.
Detalles de la denuncia
La acusación de una fuente de identidad reservada que se presentó ante la Oficina Anticorrupción apunta a cómo operaron el Prosap Catamarca y Ceosa para que la firma se quedara, según la denuncia, con las licitaciones para obras de riego.
Entre algunos detalles, se denunció que la empresa accedió a información privilegiada que le permitió presentar una oferta mejor para ejecutar una obra hídrica. Además, recibió un adelanto financiero del 10% de la obra.
El pedido oficial es que se investiguen los procesos de adjudicación, las obras realizadas y los precios pagados.
