La tensión se apoderó de la relación entre el Poder Ejecutivo y la nueva Corte de Justicia por el presupuesto para este año. Es que el Poder Judicial le reclama al Gobierno que le restituya $ 600 millones que conformaban la partida presupuestaria original. El Gobierno asegura que no está en condiciones por la situación de pandemia y porque la provincia perderá $ 500 millones con los cambios en el Impuesto a las Ganancias. El Ejecutivo decidió que la cuestión se dirima en la Legislatura y convocó a extraordinarias para debatir el pedido del Poder Judicial.

El “tire y afloje” entre el Ejecutivo y la Corte comenzó el año pasado.

En octubre, la presentación original del presupuesto 2021 para la Justicia fue por $ 5.105.825.259. En aquellos días, la Corte ya afinaba el lápiz y había pedido un incremento en función del aumento de sus miembros y la reestructuración que esto implicaba.
En noviembre, la ministra Vilma Molina, quien en ese entonces estaba en la presidencia del máximo tribunal, le envió una nota al Gobernador en la que aceptó una reducción de $ 300 millones, por lo que finalmente el proyecto quedó establecido en $ 4.805.285.259. Agregaba la ministra que esa reducción solo sería posible con la postergación en la creación de cargos que habían sido solicitados por el Poder Ejecutivo “mediante la readecuación en el tiempo que se deberán ejecutar los concursos para cubrir los cargos que se requieren para la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias judiciales que fueron incluidas en dicho proyecto, tal es el caso de la Cámara de Apelaciones del Oeste y la implementación de los organismos para el fuero especial juvenil y el fuero de violencia familiar y de género y la ley de Mediación”.

El Ejecutivo envió el proyecto a la Legislatura y el recorte que aplicó fue mayor al pactado: alcanzó a los $ 594.141.575. Es decir, dejó un presupuesto de $ 4.511 millones.

La jugada no cayó bien, pero la discusión se mantuvo bajo siete llaves y con algunos encuentros para dialogar.

En febrero y marzo, los cortesanos reiteraron notas en las que exigieron el incremento presupuestario por casi $ 600 millones, reclamando por la reducción del presupuesto presentado originalmente al Poder Ejecutivo, que luego dio lugar a la sanción de la Ley Nº5684 de Presupuesto del Sector Público Provincial para este año.

“El hecho de que el Poder Ejecutivo elevara a la Legislatura un presupuesto con una merma sustancial $ 594.141.475 no consensuada con el Poder Judicial constituye un acto irregular y dictado contra la Constitución Provincial”, expresa la nota del secretario contable de la Corte de Justicia, Jorge Olmos Morales, al exministro de Hacienda Sebastián Véliz. En este sentido, el máximo tribunal ratificó que la elevación del presupuesto por parte del Poder Judicial “es para su consideración por la Legislatura y no por el Poder Ejecutivo, y por otra parte no puede ser modificado sin la participación de la Corte de Justicia”.

El Gobierno argumentó que no está en condiciones de atender el reclamo de aumento de partidas en medio de la pandemia, por el incremento de gastos para la atención del gasto en salud. Además, sostiene que con la reciente sanción de la Ley Nº27.617, que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, por la cual se dispuso la suba del piso del mínimo no imponible, la provincia de Catamarca pierde de recaudar aproximadamente $ 500 millones del régimen de coparticipación, lo que afectará “gravemente” las arcas provinciales, y municipales, que en este marco solicitarán mayor ayuda financiera de la Provincia para afrontar el pago de gastos corrientes.

Por su parte, desde el Poder Judicial señalan que estos $ 600 millones son para gastos corrientes, ya que más del 90% del presupuesto está comprometido en el pago de personal. No incluye el financiamiento para los nuevos cargos ni para el nuevo edificio que proyecta el Ejecutivo. Fuentes judiciales señalaron que el incremento salarial del 12% que se otorgó el viernes pasado corresponde a la pauta salarial del año 2020. Se supone que al Poder Judicial le queda pendiente el acuerdo salarial para este año, que rondaría también en el 35% que cerró el Poder Ejecutivo.

La discusión con el Ejecutivo está trabada en ese punto. El Gobierno sostiene que no aflojará mayor cantidad de recursos porque el Poder Judicial podría terminar con un incremento salarial del 50% y le sugiere que el 12% ya otorgado se contemple como parte de este año. Estima que el costo fiscal del reclamo del Poder Judicial sería de $1.100 millones: los $ 600 millones para ese Poder y $ 500 millones que deja de recaudar por Impuesto a las Ganancias.

El secretario contable de la Corte concluye que la quita de esa partida “redundará en un debilitamiento de aquellas áreas donde es imperioso reforzar las dotaciones de personal y de bienes imprescindibles para atender los crecientes niveles de litigiosidad y de igual modo podría obligar a suspender las incorporaciones de magistrados, funcionarios y empleados, conforme lo requiere la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales.

El Gobierno convocó a extraordinarias

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, confirmó que el Poder Ejecutivo provincial convocó a sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial desde ayer y hasta el 30 de abril.

El funcionario detalló que esta convocatoria a extraordinarias se fundamenta en el requerimiento del Poder Judicial de la provincia para realizar una ampliación presupuestaria de 594.141.575 pesos.

“Además del pedido del Poder Judicial y la necesidad de dar la debida participación al Poder Legislativo para realizar una readecuación presupuestaria, tenemos que considerar que la Provincia perderá aproximadamente 500 millones de pesos de recaudación del Impuesto a las Ganancias. También debemos considerar la pandemia y las consecuencias que genera en el ámbito sanitario, económico y social, que deben ser contempladas al asignar los recursos del Estado”, aseguró el ministro de Gobierno.

En ese marco, la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, explicó que “la aprobación del presupuesto para los distintos Poderes del Estado es materia de discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores; hay que recordar que en ese ámbito se debatió y decidió el proyecto final de Presupuesto con las partidas que se enviaron para discusión”.

Sesión 

Para hoy a las 13 está previsto que sesione la Cámara alta, con una modalidad mixta en la que se definirá día y hora de las sesiones extraordinarias.

En tanto que la Cámara de Diputados convocó para el lunes a las 9 para fijar día y hora de las sesiones y proceder a la consideración y tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno necesitará simple mayoría para negar la modificación del presupuesto si insiste con no darle esa partida al Poder Judicial.