Por mayoría calificada, el cuerpo facultó a su presidente, Walter Centeno, a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción y dispuso además remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para una auditoría extraordinaria.
El Concejo Deliberante de Pomán aprobó este jueves la Resolución N°014/2026, mediante la cual resolvió avanzar con una denuncia penal contra el intendente Francisco Antonio Gordillo y otros funcionarios municipales en el marco de la investigación por la adquisición directa del inmueble conocido como «Casa Santa Rita».
La iniciativa fue aprobada por mayoría calificada y faculta al presidente del cuerpo, Walter Centeno, a radicar de manera inmediata una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción en turno contra el jefe comunal, el secretario de Despacho firmante del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) cuestionado y el director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros.
Según lo establecido en la resolución, la denuncia se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La decisión del cuerpo deliberativo se produce luego de una serie de requerimientos realizados al Ejecutivo Municipal para que brindara información sobre la compra del inmueble «Casa Santa Rita». En ese contexto, Gordillo fue convocado al recinto para responder un cuestionario elaborado por los concejales, aunque posteriormente el Concejo consideró insuficientes las explicaciones y documentación aportadas.
Entre los fundamentos de la resolución, los ediles sostienen que existen contradicciones entre la información suministrada por el Ejecutivo y los datos contenidos en la escritura pública de compraventa. Asimismo, cuestionan que la operación, valuada en 40 mil dólares estadounidenses, se habría concretado mediante un pago de 59,2 millones de pesos en efectivo.
Además de impulsar la denuncia penal, el Concejo resolvió rechazar la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de la operación inmobiliaria, declarar la ineficacia jurídica del decreto rectificatorio emitido posteriormente y dar por agotada la vía administrativa interna.
También dispuso remitir copia certificada de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia con el objetivo de solicitar una auditoría integral extraordinaria sobre la Tesorería de la Municipalidad de Pomán.
La resolución profundiza el conflicto institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, luego de que el intendente abandonara una de las sesiones convocadas para brindar explicaciones sobre la operación sin concluir el informe requerido por los concejales.
Con esta decisión, el caso pasará ahora al ámbito judicial y a los organismos de control, que deberán analizar las actuaciones remitidas por el cuerpo legislativo.
