El Ministerio de Interior del Gobierno de España desarrolló en 2007 un Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) con la intención de asegurar el cumplimiento de la ley que dictaba las medidas de protección ante este tipo de situaciones. A grandes rasgos, consisten en una base de datos en la que se recopilan todas las denuncias de maltrato que ha habido desde ese año para que las autoridades realicen una predicción del riesgo.

Cuando las fuerzas de seguridad detectan peligro en algún caso, llegan a hacer seguimientos y ofrecen protección a las víctimas. El Sistema VioGén ha comenzado a cuestionarse a raíz de los datos que 2022 ha dejado a su paso: un 40% de las 49 asesinadas por violencia machista ya habían denunciado anteriormente. 

El «giro de mirada» del Ministerio de Igualdad

Ante las cifras de muertes por Violencia de Género del año pasado, la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha apelado a la necesidad de «dar un giro de mirada». Para tratar de solventar la situación, propone que los agentes llamen periódicamente a las víctimas con casos clasificados como de mayor riesgo y que también hablen con los agresores.

«El sistema VioGén llama a las víctimas, pero no a los agresores y, a veces, esto puede ser un elemento disuasorio», considera Rodríguez. Por ello, la secretaria de Estado reclama que el Ministerio de Interior debe poner en marcha más recursos porque «cada vez hay más violencia desvelada [denuncias]».

Entre los mecanismos que el Ministerio de Interior está estudiando incluir en su Sistema VioGén, se encuentra la idea de aumentar los seguimientos de agresores reincidentes. Es decir, si estos tienen una nueva pareja y denuncia cualquier tipo de agresión, los agentes avisarían de los antecedentes.

¿Cómo funciona actualmente VioGén?

A la información almacenada en la base de datos de VioGén se le asignan distintos niveles de riesgo:

  • No apreciado. Los agentes informan a la mujer de los recursos disponibles a los que puede acceder. 
  • Bajo. Se da a la mujer un teléfono de contacto permanente y se contacta de forma telefónica o personal con la víctima discretamente. Si el agresor tiene armas, se iniciará un proceso para retirárselas. 
  • Medio. Se llevan a cabo controles ocasionales, se plantea el ingreso de la víctima en un centro de acogida y a veces se controla al agresor a través de un dispositivo telemático. 
  • Alto. Se invita a la víctima a ir a un centro de acogida o a cambiar de vivienda. Se hacen controles en la vivienda y en el entorno laboral frecuentes. También se realizan controles aleatorios al agresor. 
  • Extremo. La protección de la víctima es permanente y, si es necesario, se vigilarán las entradas y salidas de los hijos en el colegio. Además, el control sobre el agresor es exhaustivo.

El nivel de riesgo se puede modificar al alza si las autoridades lo consideran necesario. Sin embargo, el resultado inicial debe comunicarse al juzgado y al fiscal en un informe automatizado que se incluye en el atestado policial.

El protocolo, que se actualizó en 2019, dicta que, al presentarse la denuncia o conocer un caso, se debe identificar tanto a la víctima como al agresor y consultar en el sistema si ya están dados de alta.

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