Según las estadísticas a las que pudo acceder El Ancasti, casi el 20 por ciento del total de condenados que habita en el penal de Miraflores, en el departamento Capayán, corresponde a sujetos imputados por algún hecho de abuso sexual. Las penas otorgadas por este tipo de delitos, oscilan entre los 8 y 12 años. La mayoría es tío, padre, padrastro, abuelo o hermano de las víctimas.
Si bien, el promedio de condenados por delitos contra la integridad sexual no ha variado en los últimos años, se trata de una cifra alta, comparada con otras provincias. En este contexto, se conoció que Catamarca es una de las provincias con mayor índice de este tipo de delitos.
En cuanto a las condenas otorgadas, los datos publicados por las Cámaras Penales señalan un 15% de sentencias condenatorias en los años 2015 y 2016.
Con respecto a las penas dadas, los números oscilan entre 8 y 12 años, teniendo en cuenta el tipo de abuso cometido que, en su mayoría se trata de violaciones (con acceso carnal).
Las víctimas son, principalmente, mujeres menores de 13 años, existiendo casos de niñas de 3 y 4 años. También hay un número considerable de niños abusados.
En el 90 por ciento de los casos, los ultrajes suceden dentro del círculo familiar. Es decir, que se trata de tíos que conviven con las víctimas, o padrastros, abuelos y hasta padres biológicos que violan a las criaturas que generalmente callan porque son amenazadas o golpeadas para lograr su silencio.
La pena más alta dada en los últimos años, fue de 22 años para un padre de Santa María, quien ultrajó a sus dos hijas, tuvo hijos con ellas y, además, las sometió a abortos clandestinos.
 
Proyectos legislativos que nunca se trataron
En la Legislatura de Catamarca duermen dos proyectos presentados en el año 2010, en donde los diputados Alfredo Gómez y Hugo Argerich propusieron un «registro genético de violadores» y también «castración química para abusadores sexuales», respectivamente.
En julio de 2013 en Congreso Nacional sancionó la Ley para la creación de un banco de datos genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual, que sin embargo, nunca se puso en práctica. Pero en Catamarca ya en el 2010, el diputado mandato cumplido, Alfredo Gómez, había presentado un proyecto para la creación del Registro Provincial de Personas Condenas por delitos contra la Integridad Sexual en el ámbito del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de delincuentes sexuales y de Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual. La idea tampoco logró tratamiento en la Legislatura Provincial.
También en 2010, el diputado mandato cumplido, kirchnerista Hugo Argerich, impulsó un proyecto de ley para implementar la «castración química» en personas condenadas por delitos sexuales en la provincia como medida de prevención para evitar la reincidencia de este tipo de ataques, ante el aumento de las denuncias sobre violación. Esta iniciativa tenía su argumento en una ley aprobada en la provincia de Mendoza, donde se generó polémica por la forma en que se iba a implementar la norma hasta que se incluyó a un comité de expertos que aconsejó el tratamiento psicológico previo de los reclusos que en forma voluntaria pidan su castración química.
Los proyectos tuvieron su asidero, en ese entonces, en estadísticas brindadas por la Dirección Nacional de Política Criminal que depende del ministerio de Justicia nacional donde indicaba que Catamarca se ubicaba en segundo lugar en el país en el ránking de abusos sexuales y que en diez años esa clase de delitos habían crecido un 83 por ciento.
Pese a esto, los legisladores nunca quisieron debatir las iniciativas, que ahora con el triste hallazgo de Micaela, la joven de Gualeguay que apareció muerta el sábado pasado, y cuyo principal sospechoso, Sebastián Wagner, había sido condenado por dos casos de violación y beneficiado con libertad condicional, despertó el repudio de la sociedad y el interrogante sobre las herramientas legales que podrían ayudar a evitar estos casos.
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