Cuando escuchamos hablar de ‘chips cerebrales’ es posible que todavía pensemos en humanoides tipo cíborg de un futuro lejano. Sin embargo, la realidad de las cosas es que cada vez hay más empresas que se dedican a la biotecnología y a crear interfaces cerebro-computadora —BCI por sus siglas en inglés—. La más conocida es Neuralink, que en parte es tan popular porque tiene detrás al siempre polémico Elon Musk. Pero hay muchas otras que ya están también haciendo pruebas en personas.
Con el auge de este tipo de compañías, también ha crecido una preocupación: la necesidad de proteger nuestro cerebro y la información que contiene. Hace pocos días entrevistábamos en 20bits al español Rafael Yuste, destacado neurocientífico que dirige el Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, con motivo de su nuevo libro, ‘El cerebro, el teatro del mundo’. Su opinión como experto es muy clara: “Es imprescindible proteger la actividad cerebral como algo sacrosanto”.
Yuste es presidente de la Fundación Neurorights. Junto con un amplio equipo de profesionales, todos ellos con dilatada experiencia en el campo de la neurociencia, participa activamente en la confección de normativas que preserven los datos que alberga nuestro cerebro, un lugar que para el neurocientífico español es donde se encuentra “la esencia de la humanidad”.
El pasado fin de semana, el gobernador de California (Estados Unidos) Gavin Newsom firmó una enmienda a la Ley de Privacidad del Consumidor de California destinada a salvaguardar los “datos neuronales”. La norma general, CCPA por sus siglas en inglés, entró en vigor el pasado 1 de enero y se ha llegado a comparar con el estricto Reglamento General de Protección de Datos europeo.
“Yo creo que es inevitable que en el futuro la neurotecnología se utilice para aumentar las capacidades mentales y cognitivas de las personas”, afirmaba Yuste en la entrevista con 20bits, recordando que “en el último año ha habido ya varios grandes avances” que han permitido decodificar, por ejemplo, el lenguaje interno del cerebro. Es decir, que cuando estés pensando en decir algo esto se pueda transmitir a un dispositivo. Esta tecnología que parece de ciencia ficción puede tener “montones de repercusiones sobre la privacidad mental”, señalaba el neurocientífico.
La nueva legislación californiana, aprobada de manera unánime en su Parlamento, ha sido propuesta por el propio Yuste y sus compañeros de batalla. De hecho, este equipo ya ha conseguido casos de éxito similares en otros territorios, como Chile, Brasil o el estado de Colorado en Estados Unidos. Minnesota también está considerando un proyecto de ley independiente para proteger los datos cerebrales.
Mientras, en España y en Europa estamos “un poco más rezagados” en este asunto, pero el propio Yuste estuvo el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados español para trasladar a sus miembros “la importancia de la neurotecnología y la necesidad urgente de regular y proteger a la actividad cerebral”.
En qué consiste la ley para proteger los datos cerebrales de California
Como decimos, California ha modificado su Ley de Privacidad del Consumidor para incluir la protección de los datos cerebrales. De esta forma, mediante enmiendas añadidas, la norma ahora incluye “datos neuronales” bajo la categoría de “información personal confidencial”.
Así, el proyecto de ley extiende el mismo nivel de protección a los datos neuronales que a otros datos ya considerados sensibles según la Ley de Privacidad del Consumidor de California, como imágenes faciales, ADN y huellas dactilares… algo conocido como información biométrica.
¿Y por qué? Los dispositivos neurotecnológicos no invasivos —como un casco externo, por ejemplo— no se comercializan como dispositivos médicos, lo que significa que no están regulados y las empresas pueden recopilar y vender datos de los usuarios. Esta nueva ley protegerá esos datos de un posible uso indebido.
Algunos expertos creen que las empresas de neurotecnología tienen demasiado acceso a los datos neuronales.
Un informe de la Fundación Neurorights publicado en abril de 2024 analizó documentos de políticas de 30 empresas y reveló que la mayoría de ellas tienen acceso ilimitado a los datos neuronales de los usuarios y que más del 50% de las empresas incluidas en el informe compartieron estos datos con terceros.
Esta entidad está haciendo campaña para que se elabore un nuevo tratado internacional sobre neuroderechos.
