La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública solicitó la investigación jurisdiccional en contra del intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile (FCS) como supuesto coautor del delito tipificado a prima facie como fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor. Es la segunda vez que se solicita que un juez inicie una investigación jurisdiccional que afecta la gestión de Jalile. El anterior perdió materia por el paso de los años.
La investigación es por dos hechos ocurridos en el año 2009. En aquel momento, Jalile habría recibido cerca de $1.200.000 para la realización de desagües pluviales, cordones cuneta y veredas que nunca se realizaron. El jefe comunal habría recibido los envíos por parte del Gobierno nacional cuando José López, hoy preso, estaba a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
La fiscalía Nº6 requiere la investigación jurisdiccional a partir del artículo 20 del Código Procesal Penal (CPP) que establece que si se formula requisitoria fiscal contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución, «el juez de control de garantías o la cámara de juicio competente, respectivamente, practicarán una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado”. En el caso de Jalile, se considera que de acuerdo con la Carta Orgánica de Valle Viejo, es un funcionario sujeto a juicio político y, por lo tanto, no puede ser investigado por el fiscal, como en el resto de las causas sino que se requiere que el juez realice una investigación preliminar para luego evaluar si corresponde solicitar el desafuero al Concejo Deliberante.
La causa
La investigación que inició la Fiscalía Nº6 se refiere a hechos que habrían ocurrido en 2008 y 2009 cuando transcurría el primer mandato como intendente. Aparecen involucrados el intendente Gustavo Jalile, el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Bustamante, y la ex secretaria de Hacienda y Finanzas, Gloria Ledesma. Habrían defraudado a la Municipalidad con una estrategia en la que están comprometidos los tres funcionarios mencionados y un empresario del sector privado.
Según trascendió, Jalile había presentado al ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, un proyecto de infraestructura básica para la construcción de cordón cuneta, veredas y desagües pluviales por un monto cercano a los $600 mil. El ex secretario José López autorizó en carácter de aporte total no reintegrable la suma de $587.080 para realizar esas obras. Estos hechos serían de marzo de 2009.
Jalile, Bustamante y Ledesma habrían arribado a un acuerdo con un empresario privado, Teodoro Roberto Vega, con quien simularon la concreción de un acuerdo para realizar el proyecto. El municipio otorgó la realización de la obra por cerca de $200 mil.
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Para continuar con la simulación, se realizaban secuencias fotográficas de los supuestos trabajos de cordones cuneta, veredas y desagües pluviales en avenida Presidente Castillo, los cuales nunca se realizaron. Aún así, Bustamante aprobó la primera etapa de la obra por un monto cercano a los $300 mil y Ledesma autorizó el pago a Teodoro Roberto Vega. Culminada esta primera etapa, Jalile solicitó el envío de la segunda parte con lo que se arribaba a $587 mil. La maniobra constituyó un perjuicio al erario municipal, porque los fondos ya habían ingresado a las arcas del municipio pero no tuvieron el destino comprometido.
El segundo hecho por el que Jalile y sus funcionarios aparecen involucrados tiene el mismo modus operandi y el daño también sería de $600 mil, a valores de aquellos años.
La investigación del jefe comunal ya había sido solicitada por la fiscalía hace algunos años. El juez de Control de Garantías hizo lugar al pedido, pero los abogados de Jalile, que a esa altura ya era diputado provincial, ingresaron una apelación que quedó en la Cámara de Apelaciones, sin materia, porque Jalile ya había finalizado su mandato.
El expediente volvió a la Fiscalía original y se insiste ahora en la investigación jurisdiccional.
