El gerente general de la OSEP, Federico Hausberger, anticipó que se firmará una adenda al Convenio que los profesionales médicos tienen con la OSEP para ratificar que no podrán cobrar plus a partir de la vigencia de la Ley Antiplus, sancionada el año pasado en la Legislatura provincial.
La Ley ya fue publicada en el Boletín Oficial, pero falta todavía una reglamentación que debe realizar el Ejecutivo. Por otra parte, el FCS realizó una demanda en la Justicia por la que cuestionó el mecanismo de aprobación de la normativa.
«La adenda al convenio es porque la modificación de la Ley implica que debe haber una ratificación por parte de los prestadores del cumplimiento de la Ley. Es para refrendar los alcances de la Ley Antiplus y el prestador debe hacer cumplir el artículo 6 del convenio, donde expresa que no se puede cobrar plus. Refrenda lo que ya está escrito pero a partir de eso se modifica el régimen sancionatorio que hoy existe», explicó en diálogo con la prensa.
Hausberger agregó que la sanción que existía era «impracticable» y extemporánea en la mayoría de los casos. «A partir de la Ley Antiplus, que se está por reglamentar en los próximos 10 o 15 días, se establece un método más ágil para ser más efectivo con respecto a los integrantes del sistema de salud que no cumplen con lo que está acordado».
“Ningún médico que está dentro del convenio debería cobrar plus”, sintetizó el funcionario.
En este sentido, negó que la Obra Social tenga la intención de firmar convenios particulares con los médicos por fuera de las instituciones que los nuclean. «Se mantiene el espíritu que se tuvo desde el inicio de la gestión, de continuar las vinculaciones a través de los círculos “porque estamos convencidos de que así tiene que ser y las relaciones con los integrantes del Círculo Médico es buena y siempre tratamos de llegar a un acuerdo», añadió.
La presentación de las denuncias se realizan en OSEP, a través de los distintos mecanismos que habilitó la obra social (por mail, teléfono o en forma personal). A partir de la Ley Antiplus, OSEP gira la denuncia a los colegios profesionales que deberán intervenir en un plazo de 60 días. En caso de que no exista una respuesta para el afiliado, interviene la obra social.
«Ahora la Ley establece que el mismo prestador debe, dentro de sus prestadores indirectos, determinar si hubo una violación del convenio por parte de algún profesional y en un plazo de 60 días elevar el informe a la obra social». La reglamentación de la Ley deberá determinar cómo realizará la investigación cada uno de los colegios profesionales.
«Es importante que el prestador firme la adenda ratificando la vigencia del convenio y ratificando el no cobro de plus. Es una formalidad pero tiene que ver con la manera en cómo se va a investigar cada caso o cada denuncia», puntualizó.
Consultado por los pedidos de actualización de los profesionales, el gerente general de OSEP comentó que se está cumpliendo con el convenio que se firmó el año pasado. «Se cerró que la orden de consulta para el médico general es de $ 300, con lo que la orden de consulta para el médico especialista estará en 405 pesos, los demás rubros del nomenclador tuvieron un aumento del 36,5% en el año», manifestó.
Situación con el Sanatorio Allende
Durante la conferencia de prensa, Hausberger se refirió al convenio con el Sanatorio Allende de la provincia de Córdoba, que tiene limitada la prestación a la OSEP.
«En general, con todos los prestadores tenemos vigente el convenio y en el caso del Sanatorio Allende está restringido porque están evaluando una cuestión financiera del mismo sanatorio. Esto repercutió en los créditos disponibles que tenemos quienes usamos los servicios. El sanatorio pretende que se achique la deuda y mientras tanto se atienden casos puntuales. Lo vamos viendo todos los días para tratar de llegar a un acuerdo. No es voluntad de la obra social que se disuelva el convenio, pero tampoco podemos obligar a que reciban a nuestros pacientes si no están en condiciones de financiarlo», explicó.
Ratificó que existe una deuda porque históricamente hay un retraso con los prestadores. La deuda con el Sanatorio Allende es de $ 18 millones, según estimó.
«Se maneja una deuda que está entre 90 y 120 días de facturación porque así funciona el sistema. Los convenios establecen que la fecha de pago es 60 días posterior a la factura, lo que significa que la prestación que se realizó en octubre, por ejemplo, se factura en noviembre y se paga a los 60 días de la factura», ejemplificó. Por último, ratificó que el resto de las prestaciones se realiza con normalidad.
