ESTA MAÑANA
Piden que se libren oficios al TC, al Registro de la Propiedad y que se levante el secreto bancario a denunciados.
Los legisladores provinciales y nacionales de la oposición que presentaron la denuncia en contra del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, y el propietario de la empresa AIR TOTAL, Rodolfo Gallo, ahora se presentarán ante la Fiscalía para solicitar que se los constituya como querellantes y plantearán que se libre una serie de oficios al Registro de la Propiedad, al Tribunal de Cuentas y a los organismos que correspondan para levantar el secreto bancario de los denunciados. La denuncia que presentaron el 24 de noviembre se incorporó al expediente que había iniciado de oficio la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública tras un informe de El Ancasti.
Todos los legisladores que acompañaron la denuncia firmaron la presentación que se oficializará esta mañana, en la que solicitan al fiscal Facundo Barros Jorrat que los constituya como querellantes particulares en la causa y le solicitaron que avance sobre una serie de medidas, algunas de las cuales ya fueron tomadas por la Fiscalía, como el allanamiento del Ministerio y secuestro de todos los expedientes entre esta repartición y la firma AIR TOTAL.
Por otra parte, pidieron que se oficie al Registro de Proveedores de la Provincia y a las Cámaras empresarias para que se remita una nómina de todas las empresas habilitadas que tienen en su base de datos. Este planteo es en relación con los dichos del ministro Niéderle en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde sostuvo que recurrían siempre a las mismas empresas «porque hay pocas».
También pidieron que se arbitren los medios ante los organismos pertinentes para el levantamiento del secreto bancario y fiscal tanto del ministro Eduardo Niéderle como del empresario Rodolfo Gallo «para determinar si existió un incremento desproporcionado en su patrimonio». Además, que se libren oficios al Registro de la Propiedad y los Registros Nacionales del Automotor para que indiquen qué bienes registrables poseen a su nombre.
En el pedido al fiscal, propusieron que se consulte al Tribunal de Cuentas si es que se realizaron auditorías en los últimos dos años respecto de los gastos y contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, y que se remitan copias si es que existieran.
En la denuncia que los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron el 24 de noviembre pasado le pidieron a la Fiscalía que indague en torno a la presunta cartelización de la obra pública, el desdoblamiento de las contrataciones y posibles incumplimientos en algunas de las obras que le fueron entregadas a AIR TOTAL. En tal sentido, advirtieron que según consultaron en algunos registros públicos la firma cuenta con apenas 50 empleados, y fue beneficiada con más de 40 contrataciones directas por más de $2.100 millones en apenas diez meses.
«Esta actuación habría sido desplegada por particulares como integrantes de una sociedad privada, mediante la adjudicación discrecional, arbitraria y en forma coordinada, con un precio excesivo, obrando de forma ‘cartelizada’ y aparece concatenado presuntamente con este accionar la actuación desarrollada por los funcionarios desde el seno de la Administración. La sospechosa maniobra que se denuncia no habría sido posible sin el accionar del titular de la cartera, quien seleccionó en repetidas oportunidades a la sociedad AIR TOTAL como beneficiaria de estas millonarias obras», apuntaron en la denuncia, que surgió tras un informe de este diario publicado el 3 de octubre.
Fuente: El Chasqui Digital
