Inició el 2018 y aún no hay definiciones por la marca “Frente Cívico y Social-Cambiemos”, con lo cual sigue la puja por la denominación del bloque en la cámara de Diputados.

Según aseguraron fuentes consultadas por este medio, la asesoría jurídica de la cámara baja emitió un dictamen por el cual evita posicionarse en alguno de los dos bandos.

Así, toma fuerza la judicialización por la denominación del bloque mayoritario opositor.

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La pelea se inició a finales del año pasado. Una de las partes presentó una nota firmada por legisladores que responden a las líneas mayoritarias del radicalismo -Celeste y Movimiento Renovador-, a los que se sumaron los representantes del MIRA y el NEO.

El documento en cuestión dejaba en claro la escisión del bloque, puesto que en su contenido se indicaba “la conformación del interbloque Frente Cívico Social-Cambiemos”.

Dentro de éste, el bloque “FCS-Cambiemos Catamarca”, compuesto por 10 legisladores. Además, este espacio  definió que la presidencia esté bajo la figura del exintendente de Fray Mamerto Esquiú, Humberto Valdez.

Así las cosas, en el frente quedó “el bloque de los seis”. En nombres propios, los diputados que representan al PRO (Carlos Molina, Enrique Cesarini), Fapra (Francisco Monti, Paola Bazán, Carlos Marsilli) y Morada (Juana Fernández). Éstos, por su parte, elevaron otro documento desconociendo el de sus pares.

En dicha nota se manifestaba: “La decisión por parte de los firmantes de la nota señalada del miércoles 13 (de diciembre del año pasado) resulta ajena a los principios liminares de la normativa parlamentaria y carece de sustento lógico”.

La explicación fue que la conformación de un “interbloque” requiere como condición necesaria la existencia previa de, al menos, dos bloques.

A la vez, “los seis” plantearon que la conformación de un nuevo bloque por parte de “los 10” no era “más que la escisión del grupo de los firmantes respecto del bloque FCS-Cambiemos”.

Hubo un punto dentro del documento de los seis, el cual tocaba la cuestión de fondo: “Formulamos expresa reserva de designar a los funcionarios que por normativa corresponda, como también las autoridades –presidente y vice- del bloque original ‘Frente Cívico y Social Cambiemos’, toda vez que ha quedado acéfalo”.

De esta forma, antes de cerrar el 2017, desde el bloque de los seis remarcaron que era el presidente de la cámara, Fernando Jalil, quien debía definir cuál de los dos espacios se quedaba con el sello del FCS-Cambiemos. Es que el tema se encontraba en el área jurídica de la cámara.

 

Opinión

Se llegó al 2018. Según confiaron fuentes de la Legislatura a El Esquiú.com, hubo un dictamen por parte de asesoría jurídica al que solo le faltaba la firma.

Su contenido, de acuerdo a lo que trascendió, evitaba sentar posición ya sea para con el bloque de los 10 como para con el bloque de los seis.

En otras palabras, instaría a que los propios diputados resuelvan el conflicto entre ellos.

De esta forma, la puja se encamina a una judicialización, si es que ninguna de las partes cede en un acuerdo global.

Según explicaron, si bien uno de los espacios tiene un número mayor de legisladores, con el agregado de la palabra “Catamarca” se modifica el nombre original y, por ende, implica otro bloque.

En definitiva, el conflicto se planteará cuando alguno de los dos bloques se quede con el sello  del FCS-Cambiemos.

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