El Poder Ejecutivo informó que trabaja junto a los presidentes de las Cámaras Legislativas en un proyecto de ley que faculte al Gobierno para afectar personal del Estado a prestar servicios donde la emergencia lo requiera.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y la asesora General del Gobierno, Fernanda Rosales, para avanzar en el tema.

Guerrero  explicó que con esta iniciativa se pretende “dotar al Estado de las herramientas para atender las emergencias ya sean sanitarias y/o naturales y poder dar respuesta inmediata”.

“Uno de los temas centrales que se observa con la pandemia es el recurso humano que hoy se encuentra saturado y muy cansado. Con este proyecto, y siempre que exista una emergencia excepcional, el Estado podrá contar con personal para cubrir la demanda”, subrayó.

Por su parte, Rosales indicó que el proyecto  permitirá afectar en situaciones de excepción o de emergencia a trabajadores del Estado a prestar servicios en los lugares que se necesita por la actual situación. “Esto es necesario cuando nos encontramos en situaciones excepcionales como esta pandemia donde necesitamos que los trabajadores del Estado presten servicio en las dependencias donde hace falta, como puede ser hoy en día los hospitales Carlos Malbrán y San Juan Bautista”, sostuvo.
“Estamos evaluando el tipo de documentación que se necesita para avanzar con este proyecto”, añadió.

Trabajos comunitarios
Por otra parte, Jalil junto a los ministros de Seguridad, Gustavo Aguirre, y Salud, Claudia Palladino, rubricaron un convenio por el cual se establecen los términos y condiciones en la implementación de trabajos comunitarios para los infractores a las medidas de restricción en pandemia.

El convenio indica que el cumplimiento de la multa por infracciones a restricciones en pandemia se hará efectiva en distintas dependencias donde se realizan actividades vinculadas a la lucha contra el virus. En ese marco, se aplicará en aquellos casos que sean notificados por violación a los decretos que establecieron las restricciones, como así también a las infracciones e incumplimientos contemplados en el Código de Faltas Provincial.

El convenio detalla que, a instancia del Juzgado de Faltas Provincial, el infractor podrá solicitar la conversión de la multa dineraria por la prestación de trabajos comunitarios, y de esta manera dar cumplimiento a la sanción impuesta a través de la modalidad y el lugar que oportunamente determine el Ministerio de Salud de acuerdo a sus necesidades operativas.

En ese marco, Aguirre indicó que este convenio pretende “que las personas paguen por su irresponsabilidad por las que fueron sancionadas y al mismo tiempo contribuyan a ayudar a todo el sistema tanto sanitario como de control, cuyo personal viene haciendo un gran esfuerzo desde el inicio de la pandemia”.
Finalmente, recordó que más de 150 personas realizaron tareas comunitarias en clubes y otras instituciones públicas bajo esta modalidad.