Según publicó el diario LA NACIÓN, el Gobierno analiza quitarle el manejo de fondos de los planes de viviendas a las provincias y negociar directamente con las empresas constructoras. Si se ejecuta esta propuesta, tendría fuerte impacto en la Provincia, ya que existe una importante estructura del Gobierno provincial destinada a la construcción de viviendas, a partir de los fondos que envía la Nación.
De acuerdo con la información publicada, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. «De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no solo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $19.000 millones”, expresa el matutino.
El cambio se haría después de las elecciones de octubre.
Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos.
Los cambios que espera concretar el Gobierno reservan un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.
Según el diagnóstico que realizaron funcionarios nacionales al matutino, una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.
En Catamarca, el IPV quedó en medio de la tormenta cuando este diario reveló la cartelización de la obra pública, con la que se demostró los preacuerdos entre los empresarios de la construcción para acceder a las licitaciones de viviendas. También hay situaciones de tensión cuando se trata de reclamar por el pago de deudas y por la actualización de precios.
1.456 millones de pesos es el presupuesto que el Gobierno provincial destinó a la Secretaría de la Vivienda. De allí depende el IPV, que tiene un presupuesto de $817 millones.
