El Juzgado Federal de Catamarca tomó la decisión de dictar el procesamiento y
embargo del exjuez y funcionario gubernamental Juan Pablo Morales, aunque sin
avanzar con la resolución de privarlo de su libertad mediante la figura de prisión
preventiva.
La calificación penal que recae sobre Morales, al igual que sobre otro grupo de
personas con quienes habría participado de hechos delictivos, es la presunta
coautoría en la comisión del delito de comercialización de estupefacientes
agravado por el número de personas intervinientes o involucradas.
La resolución del juzgado federal, a cargo de Miguel Ángel Contreras, no está
exenta de una explicación para comprender los puntos antagónicos en la
definición de la situación procesal del exmagistrado Morales.
A favor de la falta de mérito
Sucede que en el documento (que tiene una extensión de más de 100 páginas) se
ratifica que de las polémicas escuchas telefónicas que conformaban la columna
vertebral de la investigación hasta ahora, no se desprende en forma fehaciente y
acabada que Morales haya participado de un proceso puntual de compra o venta
de estupefacientes.
En efecto, la resolución judicial detalla que la rectificación de una escucha
realizada por el equipo de Gendarmería Nacional apuntala la hipótesis de que
Morales tuvo la oportunidad de participar de una transacción entre dos partes
operando como garante, ya que la parte compradora no contaba con todo el
recursos financiero para concretar la compra. Esa misma rectificación explica que
Morales optó por “bajarse” de la operación, lo cual quedó asentado en las
transcripciones de las escuchas que obran en la causa.
Sin embargo y a pesar de estas consideraciones que podrían haber desembocado
en el dictado final de la falta de mérito para Morales y por ende en su
desvinculación final de la investigación, las autoridades del Juzgado Federal de
Catamarca exponen en la resolución otra carga de argumentos para sostener la
imputación penal y además dictar un embargo por una suma de 70.000 pesos.
A favor de seguir
investigando
El principal argumento del juez se apoya en dos puntos clave: tal como ya indicó la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de las escuchas telefónicas
efectivamente se desprendería que Morales y el resto de los imputados tenían una
relación asidua que se centraba en la comercialización de estupefacientes;
además, considera la continuidad de la etapa de instrucción penal, con una
declaración de arrepentido mediante, que podría arrojar nuevas circunstancias
imputables mediante la ejecución de otras medidas probatorias, como la apertura
de otros teléfonos secuestrados.
Sobre el final de la resolución se detallan estos razonamientos, ya expuestos por
la Cámara Federal: “Del detalle de las intervenciones telefónicas, tanto en las que
los supuestos miembros de la banda mencionan a Morales y las cuales en las que
participó, sumado a la declaración del imputado colaborador, surge patente la
eventual participación criminal de Morales en la supuesta organización criminal
destinada al tráfico de estupefacientes. En efecto, el imputado mantuvo
comunicaciones habituales con Rearte, Lazarte, un tal “Julito”, en las cuales
refieren con distintos adjetivos, a lo que entendemos claramente como cocaína y
su comercialización. También se deben considerar las diversas comunicaciones
entre los otros procesados en las que se hizo mención al “doctor” o al “abogado”
(cuando se referían a Morales), de las cuales surge su posible participación en los
hechos investigados. Es evidente que no pueden considerarse casuales las
comunicaciones mantenidas por Morales con distintas personas involucradas en la
causa, las menciones múltiples a éste, la asidua asistencia a su estudio por parte
de los demás imputados, ni mucho menos la declaración del imputado
colaborador. En este contexto, consideramos que los indicios reunidos son
suficientes para estimar, con el grado de probabilidad que la etapa procesal
requiere, acreditada la responsabilidad de Morales. (…)
En síntesis, el exjuez Morales permanece imputado por el delito de ventas de
drogas, se le trabó embargo sobre sus bienes por 70.000 pesos y ahora deberá
recurrir a otras etapas procesales para intentar deslindar su responsabilidad en la
presunta confabulación criminal para vender drogas en Catamarca y otras
provincias. Una de esas etapas, de persistir esta perspectiva de las autoridades
del Juzgado Federal, será su defensa en el marco de un debate oral y público.
