Luego de 12 años desde que se inició la causa por las compras directas en la exsubsecretaría de Acción Social -durante el gobierno del ahora senador nacional Oscar Castillo- finalmente la causa llegará a juicio.
pablo doro, victor brandan
En la misma están imputados el exsubsecretario de la citada área, Víctor Hugo Brandán y el exministro de Salud, Pablo Santiago Doro, ambos acusados por un desfalco de alrededor de 27 millones de pesos (en la valuación al momento del hecho).
Ayer, los magistrados del Tribunal de Apelaciones -compuesto por Raúl Da Prá, Edgardo Álvarez y Juan Pablo Morales- rechazaron el pedido elevado por la defensa para que la causa prescriba.
En este orden, los jueces de la cámara fallaron por unanimidad tomando la decisión de llevar a juicio la causa.
Además están imputados el exencargado de depósitos, Omar Guillermo Martínez; la exdirectora de Servicios Administrativos, Teresa del Carmen Miñaura de Siárez y la exencargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita.
Los cinco acusados deben responder por fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
La causa fue iniciada en el año 2004, con la denuncia del ahora secretario de la Vivienda y entonces diputado provincial, Fidel Sáenz.
El funcionario había denunciado supuestos hechos de desfalco por 27 millones de pesos ocurridos en el 2003, durante la campaña electoral del actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral.
La denuncia estaba en manos de los jueces de Apelaciones en lo Penal para dirimir una serie de recursos interpuestos por los imputados Doro y Brandán, quienes buscaban evitar que el expediente llegara a un debate oral y público o de ser posible, avance pero sin ellos como imputados.
La acusación afirma que durante los nueve meses que Brandán estuvo frente a la cartera de Acción Social, se ejecutaron compras directas con la particularidad de que aproximadamente más del 70% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez empresas, las que habían tenido inicio de actividades poco tiempo antes de comenzar a venderle al Estado.
En un principio, la investigación recayó en las exfiscales y ahora juezas Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas.
Tras la salida de ambas funcionarias para ocupar otros cargos superiores, recayó en manos del fiscal de instrucción Ezequiel Walther, quien desarrolló la investigación y la elevó a juicio en el 2012. Ese año se logró la aprobación del juez de Control de Garantías, José Antonio Carma y ahora, de Apelaciones.
«Faltan las explicaciones de los responsables”
El iniciador de la denuncia, Fidel Sáenz, valoró positivamente la elevación a juicio aunque observó que «ha pasado tanto tiempo” que es una noticia «que llega tarde, pero que finalmente llega”.
«Al paso que iba la causa cualquiera pensaba que iba a terminar en un expediente prescripto”, acotó.
Por otra parte, contempló que la investigación «no puede estar completa si no se sientan a dar explicaciones quienes han sido los principales responsables, Oscar Castillo como gobernador en ese momento y su ministro de Hacienda, Jorge Greco”.
En esta línea, nombró que se debe incluir al «resto de los funcionarios que firmaron el estatuto legal `de la rapiña´, que elevaba el monto de compras directa por significación económica a los funcionarios del Ejecutivo”.
«Celebro que se investiguen a quienes fueron los cómplices y partícipes necesarios de las maniobras, como lo fueron los proveedores”, expresó Sáenz.
Doro: «Confío en la Justicia”
En diálogo con este medio, Pablo Doro comentó que tuvo conocimiento de que la causa se elevó a juicio a través de su representante legal.
Luego señaló que está «absolutamente confiado en el defensor y en mi proceder, en mi decencia y en mi inocencia”.
Así, expresó que «iremos a juicio” y acotó que tiene «confianza en la Justicia, que determinará en base de lo que cada uno hizo”.
Por otra parte, dijo que «en principio, no presentaríamos otro recurso”, aunque sin perjuicio de ello y ante las escasas horas de ser notificado, «se analizará todo”.
