Había llegado en libertad. Debía responder por un delito cometido entre 2010 y 2012. El acusado se desempeñaba como empleado judicial en el fuero federal. Se le había imputado el delito de “abuso sexual agravado por la guarda”. El debate se desarrolló en la Cámara Penal de Tercera Nominación y había comenzado el jueves.
En la primera audiencia el imputado se abstuvo de declarar. En tanto que la denunciante, que por entonces era una niña de 11 años, aproximadamente, ratificó su denuncia.
Ayer las partes alegaron. De acuerdo con información judicial a la que accedió El Ancasti, el fiscal subrogante Alejandro Dalla Lasta Baroni mantuvo la acusación y solicitó una pena de siete años. En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal también pidió la inmediata detención del acusado, al considerar que había peligro procesal. Además, Dalla Lasta Baroni advirtió que el abuso sexual en la infancia (ASI) es un flagelo silencioso que debe ser sancionado. A la vez, remarcó que el daño psicológico que experimentó la víctima fue muy grave y las consecuencias aún hoy persisten.
En tanto que la abogada defensora María Romano solicitó un castigo de tres años en suspenso. Después de los alegatos, el imputado hizo uso de su derecho a expresar su última palabra. Aseguró que la acusación es falsa y negó todos los hechos.
Luego, los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria pasaron a un cuarto intermedio para deliberar.
Finalmente, el Tribunal lo halló culpable del delito por el que venía incriminado y además dispuso que de inmediato sea detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Capayán. De esta manera, el imputado salió de una manera muy distinta a como había entrado: esposado y con una condena de seis años.
Especialistas advierten que se habla de abuso sexual en la infancia (ASI) cuando una persona, por lo general adulto, utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o la fuerza para involucrar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole. Todo involucramiento con una niña o niño menor de 13 años se considera “abuso sexual”, porque no se concibe legalmente la posibilidad de que a esa edad se consienta una práctica sexual.
Además, se remarcó que el abuso sexual puede ser cometido por el padre, abuelo, hermano, tío, sobrino, hermanastros (intrafamiliar) o por alguien que no comparte el hogar ni la familia (extrafamiliar). En este sentido, enfatizaron que al menos la mitad de los casos se produce en el seno del hogar; el victimario es alguien conocido por la víctima y por lo general no es solo conocido, sino que tiene algún grado de familiaridad.
El abuso sexual infantil posee datos estadísticos que son dramáticos. En Argentina, algunos estudios estiman que uno de cada cinco niños o niñas son abusados por un familiar directo antes de los 18 años. La edad media de inicio del abuso es de ocho años.
Se advierte que la gran mayoría de las víctimas serán niñas o adolescentes mujeres (ocho o nueve de cada 10). A la vez, el 70 % de las adolescentes víctimas no dirá jamás que fue abusada ni buscará ayuda.
En cuanto al abusador, estadísticamente éste será hombre y es una persona que el niño o niña conoce y en quien confía. Los estudios afirman al respecto que algo más de la mitad de esas agresiones sexuales sucederá en la propia casa del niño o en la de los abuelos.
Para prevenir, se puede y debe realizar la denuncia penal y ante la autoridad de protección, a fin de dar asistencia a la víctima y a su familia desde muchos y diferentes ámbitos. Cualquier persona adulta que tenga conocimiento sobre un presunto abuso sexual está en condiciones de denunciar.
Por ello, los especialistas insisten en la importancia de entender y hacer entender que el abuso sexual en la niñez es un delito.
También remarcaron que este delito se desarrolla a lo largo del tiempo y suele ocurrir más de una vez -incluso durante años-. La manipulación y la amenaza de los abusadores obliga a niños, niñas y adolescentes a mantener silencio sobre lo que les está pasando, por lo que los niños víctimas no saben cómo hacer para que les deje de ocurrir y dejan de intentar defenderse; a veces hablan y después se retractan por temor, culpa, vergüenza o presiones del agresor o la familia.
