ASEGURÓ QUE LA CORTE SOLO HACE UN CONTROL CONSTITUCIONAL
El ministro de la Corte, José Cáceres, responsabilizó al Gobierno y la Cámara de Senadores por la elección de integrantes del Poder Judicial que no son idóneos para el cargo.
En medio de la polémica instalada por el accionar de la Justicia en torno a la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, el ministro de la Corte José Cáceres apuntó en duros términos al Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores por la elección de integrantes del Poder Judicial faltos de idoneidad. «Quieren responsabilizar a la Corte cuando la decisión de designar y evaluar recae sobre ellos», disparó.

Para el ministro Decano de la Corte, José Cáceres, «evidentemente que hay una campaña para hacer culpable a la Justicia de las designaciones y no responsabilizar a los verdaderos culpables que son el Ejecutivo y la Cámara de Senadores».

«La designación de un juez, un fiscal o un defensor es un acto complejo que se consolida con la propuesta del gobernador y el acuerdo del Senado. Se pueden discutir ciertas cosas, se abre una instancia de impugnaciones incluso en el Senado que debe publicar un edicto. En esa instancia se piden informes a la Corte, que hace un control de constitucionalidad y legalidad, pero el mecanismo no nos permite plantear una oposición o un rechazo», advirtió el ministro a El Ancasti.

Para Cáceres, lo más grave «es que nos siguen culpando a nosotros de los grandes errores del Ejecutivo». «La Corte no puede hacer un informe sobre la idoneidad de una persona. Eso es responsabilidad del Senado, que tiene un instancia de entrevistas. En el caso de Augusto Barros, por ejemplo, se eligió un fiscal de Cámara que no aprobó un examen cuando rindió para otro cargos», recordó.

En ese punto, explicó que «normalmente la Corte responde los informes respecto de la constitucionalidad y legalidad de la persona elegida controlando que tenga el título y cumpla los requisitos como el ejercicio del derecho» y que incluso «algunas veces hay disidencias» dentro de la misma Corte en torno a cada designación. «Casualmente en el caso de (el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo) Barros Jorrat hice un voto en disidencia porque consideré que no reunía los requisitos constitucionales, porque si bien tenía antigüedad en el título no la tenía en el ejercicio de la profesión», indicó.

El juez insistió en que el mecanismo de selección «no nos permite oponernos». «Es el mismo caso que cuando se cuestiona que no hay paridad de género en los tribunales. Nosotros no podemos rechazar a nadie porque la decisión de designar es del Ejecutivo. En tal caso debería haber una ley que obligue al Ejecutivo a respetar la paridad en esos casos», ejemplificó.

La polémica en torno a la idoneidad de los funcionarios judiciales se desató tras la actuación del fiscal de instrucción nº2, Laureano Palacios, en la investigación del crimen del ministro Rojas.

Palacios primero dijo que «no había indicios» de una muerte violenta y luego realizó una segunda autopsia en la que se comprobó el asesinato. Luego, por un error de forma, debió liberar a la única persona imputada ya que llegó a la audiencia de control de detención sin que se firmara el correspondiente decreto.

Por estos motivos y tras un informe de la Fiscalía General, el procurador de la Corte, Tristán Lobo, ordenó que Palacios fuera apartado de la investigación y en su lugar fue designado Hugo Costilla, quien ya había sido asignado al expediente.

La oposición también cuestionó duramente al Gobierno por las designaciones en el Poder Judicial tras el escándalo en torno a esta investigación y desde Juntos por el Cambio anticiparon que pedirían un jury a Palacios. De hecho, en la última Convención de la UCR, el diputado nacional Francisco Monti lanzó duras críticas y aseguró que «hay que devolverles a los catamarqueños una Justicia que sea independiente, sin amateurs, ni punteros políticos».

«La combinación de falta de profesionalismo, dependencia política y nepotismo ha sido el combo perfecto que en estas horas dejan a la ciudadanía atónita en una investigación por el crimen de un exfuncionario cuya instrucción por parte de la Justicia nació con severos yerros. Desde la UCR exigimos justicia y fundamentalmente que se esclarezca el móvil del homicidio», añadió la Convención en un documento.

Fuente: El Chasqui Digital

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