La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Stella Nieva, se reunió para tratar un proyecto de ley que dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos —de sangre y orina—para los funcionarios superiores y de gabinete de los tres poderes del Estado provincial.
El objetivo de la iniciativa es detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales mientras dure su función pública.
El proyecto redacta que la medida busca garantizar transparencia, ejemplaridad y pleno ejercicio de la función pública, y señala que la lucha contra el narcotráfico debe consolidarse como una política de Estado.
Durante la reunión, la comisión resolvió recabar información y aportes de distintas áreas del Estado y de profesionales especializados.
Para ello, se enviarán notas al Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Secretaría de Seguridad, Asesoría General del Gobierno y al Colegio de Psicólogos, con el fin de enriquecer el proyecto y avanzar hacia una propuesta más completa y eficaz.
