El vocal del Tribunal, Hugo Argerich, fue muy duro en su fallo al sostener que el cargo económico queda totalmente desactualizado por el paso del tiempo, «tornándose irrisorio, ofensivo y lesivo de la credibilidad de la sociedad toda”.
Sostiene que el desvío del alimento adquirido por el Gobierno provincial para atender las necesidades alimenticias de vastos sectores de la sociedad, quedó probado en la investigación que se destinó para alimentar cerdos bajo el «supuesto o modalidad” de que los mismos se encontraban en mal estado o no aptos para consumo humano, constituye un aberrante latrocinio, no tan sólo contra los bienes del estado del Estado, sino contra las necesidades más urgentes de ciudadanos carenciados.
Para Argerich no se trata de simple bienes propiedad del Estado que han sido sustraídos en beneficio de particulares, sino que «se trata del obsceno y bochornoso espectáculo brindado por quienes tenían la guarda, conservación y posterior entrega de alimentos adquiridos con fondos públicos, a sectores vulnerables de la sociedad”.
Advierte que bajo el supuesto de que las personas sancionadas restituyan en forma urgente el valor que el fallo determina, «el mismo no alcanza para reponer ni la cuarta parte de los bienes oportunamente desviados y menos aún para reparar el daño causado en la población carenciada que se vio privada de recibir esos alimentos”.
Finalmente, el vocal del tribunal sostiene que esto se da por la «lentitud del proceso legal, desarrollado al amparo de lo dispuesto por la normativa vigente”.
