En el marco de la previa del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la más salvaje y brutal dictadura de la historia argentina, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un documento en el que muestra que había detectado a 78 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad que nunca habían sido dados de baja, y promovió su desvinculación.
El informe relevó la situación administrativa de condenados que permanecían en situación de retiro y mantenían un vínculo formal con el Estado.
El trabajo tuvo origen en un pedido de colaboración formulado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que interviene en los procesos por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, a partir de la detección de casos en los que agentes condenados permanecían en situación de retiro sin que se hubiera dispuesto su baja administrativa definitiva.
Esta situación implicaba la subsistencia del estado policial o militar y la continuidad de un vínculo formal con las instituciones estatales. En efecto, la situación ya había sido advertida en intervenciones previas de la PIA, en las que se analizó el caso de tres agentes de fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad respecto de quienes se dictaminó la procedencia de su baja administrativa.
A partir de esa intervención inicial, la PIA amplió el análisis a la totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales. Así, relevó la situación de personas condenadas, con sentencia firme, por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado. El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
A partir de estas actuaciones, se verificaron bajas efectivamente dispuestas en la Policía Federal, la Fuerza Aérea y el Ejército, además de confirmarse otras previamente adoptadas.
No obstante, el informe identifica la persistencia de demoras administrativas y obstáculos en la ejecución plena de las consecuencias jurídicas derivadas de las sentencias condenatorias firmes. Según señala el texto, estas dificultades no responden a situaciones aisladas sino a problemas de carácter estructural.
«Esta situación resulta incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y evidencia la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves juzgados desde el restablecimiento del orden democrático en 1983», cierra el informe.
En función de los resultados obtenidos, la PIA puso el texto en conocimiento de las autoridades nacionales competentes, con el objetivo de promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.
