La Municipalidad de Paclín, conducida por el intendente Eduardo Menecier (Unión por la Patria), fue condenada a pagar más de $4 millones a dos ex empleadas del Concejo Deliberante que reclamaron haberes adeudados por servicios prestados entre 2019 y 2021.
Se trata de Laura Varela y Analía Ríos, quienes realizaron su reclamo en 2022 tras notar que eran las únicas designadas que no percibían su salario, a diferencia de otros empleados con similares designaciones.
El juez civil nº2, Osvaldo Alejandro Romero, determinó que la Municipalidad debe abonar $4.159.041,97 en concepto de daños y perjuicios, más intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación desde el inicio de la demanda hasta su efectivo pago. Además, el municipio deberá hacerse cargo de las costas del expediente.
Varela y Ríos habían sido designadas en diciembre de 2019 por el entonces presidente del Concejo, Hugo Savio, con Categorías 15 y 10 respectivamente, pero comenzaron a notar irregularidades en el pago de sus sueldos a mediados de 2020. Tras reiterados reclamos al municipio, se les respondió que sus nombramientos eran irregulares, mientras que otros empleados con designaciones similares sí cobraban, lo que generó la sospecha de posible discriminación.
La Corte de Justicia había rechazado previamente un amparo presentado por las mujeres, argumentando que sus nombramientos no fueron emitidos por el órgano municipal competente, y por lo tanto no podía reclamarse al Ejecutivo. Sin embargo, el juez Romero sostuvo en su fallo que, si bien el Concejo Deliberante se atribuyó facultades que no le correspondían según la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo nunca revocó los actos ni buscó judicialmente su nulidad.
Asimismo, el magistrado consideró válidas las pruebas presentadas por las demandantes, constatando que efectivamente habían prestado servicios en el Concejo, pese a los intentos del municipio de deslegitimar su reclamo. El fallo representa un revés para el Ejecutivo municipal y un avance significativo en la defensa de los derechos laborales de los empleados designados de manera transitoria.
El caso deja en evidencia la importancia de la correcta formalización de los nombramientos y el reconocimiento de los derechos salariales, incluso frente a disputas sobre competencias administrativas.
