Sáenz ratificó la denuncia y afirmó que fueron compras millonarias que se realizaban a través de la contratación directa. Afirmó que había desdoblamiento de las compras y eran por “cifras millonarias” a un grupo reducido de proveedores. En este sentido, observó que también algunos proveedores deberían estar involucrados en la causa. “Se inscribían hoy y ahí nomás comenzaban a trabajar”, expresó.
El exdiputado, que en su momento libró una fuerte oposición contra el exgobernador Oscar Castillo, recordó que 2003 fue un año electoral en el que las contrataciones directas aumentaron en agosto y octubre, cuando se realizaron los comicios que consagraron a Eduardo Brizuela del Moral como gobernador y a Castillo como senador nacional. “En la gestión de Castillo, las compras directas eran una cuestión habitual», dijo. «La reasignación de partidas era una atribución exclusiva del Gobernador. Necesitaban reasignar porque así elevaban el monto de la inversión pública en alimentos”, sostuvo. También recordó que fue por una decisión del exgobernador que se aumentó el monto que se asignaba para la compra directa.
“Si se hubiese entregado lo que se decía haber comprado se hubiese inundado de alimentos. Se hubiese mitigado la pobreza y la indigencia”, afirmó.
«¿Es ilegal que se aumente el monto de las compras directas?», preguntó uno de los abogados defensores. “Pueden elevarse, pero en ese momento se lo hizo de una manera exorbitante”, sostuvo.
Más testigos
El Ministerio Público Fiscal está representado en el debate por Miguel Mauvecín y por el fiscal coadyuvante, Facundo Barros Jorrat. La querella, que representa a Fiscalía de Estado, fue ejercida por Diego Fuenzalida.
Ayer, también prestó su testimonio, Elsa Montivero de Palacios, exjefa de despacho de Acción Social. Ahora ya está jubilada. En su declaración, admitió que había observado que los instrumentos legales referidos a las contrataciones directas se habían dejado de realizar en su despacho. No sabía precisar dónde se efectuaban, pero admitió que podría haber ocurrido por el exceso de trabajo en Despacho por el trámite de la asistencia social. También señaló que había tres hermanos de Víctor Brandán que actuaban como colaboradores externos y que no pertenecían a la planta del Estado.
Rosales Vera, abogado de Pablo Doro, le consultó si advirtió alguna irregularidad. Montivero sostuvo que lo que le llamó la atención fue que algunos instrumentos legales se confeccionaran fuera de su despacho.
También se presentó a declarar Sandra Olivera, quien se desempeñaba en la oficina de licitación y compras, pero que no aportó datos relevantes.
El último en prestar declaración fue Néstor Jorge Andrada, quien se desempeñó como jefe de Licitación y compras en la gestión de Pablo Córdoba Molas. El exfuncionario admitió que cuando llegó al cargo faltaba documentación (órdenes de compra) de la gestión anterior, la de Víctor Brandán. “No existía documentación y tampoco equipamiento. Recuerdo que se tuvo que comprar todo de nuevo”, añadió. Algunos testigos que estaban citados para ayer no lograron ser notificados. El presidente del Tribunal afirmó que se insistirá con la localización. Hoy, el debate iniciará a las 8 y fueron convocados otros nueve testigos.
