Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de resolución por el que le solicita al Poder Ejecutivo que disuelva la Comisión Evaluadora que se conformó por un decreto del Ejecutivo para la selección de aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial. En cambio solicitan que el Gobierno convoque a la reforma de la Constitución a fin de establecer un ingreso democrático integral a la justicia.
La iniciativa había sido presentada por Maximiliano Brumec. Por el artículo segundo se solicita nombrar, «con acuerdo del Senado, los magistrados y funcionarios que requieren este requisito, conforme lo establece la Constitución Provincial o las leyes que en su consecuencia se dicten ejerciendo las facultades conferidas por la Constitución Provincial, garantizando así la administración de justicia para todo el territorio catamarqueño». De esta manera, la iniciativa busca que el gobernador Raúl Jalil recupere para sí la facultad de designar magistrados y funcionarios del Poder Judicial, solo con el acuerdo del Senado, hasta que se ponga en marcha un nuevo mecanismo para la selección de funcionarios judiciales.
De igual manera, se propone al Ejecutivo dar nuevo impulso a la reforma de la Constitución Provincial considerando la «creación de una estructura específica para el ingreso integral a la justicia estableciendo los requisitos y formas para la incorporación de magistrados y funcionarios al sistema judicial acorde a los nuevos estándares de derechos y garantías y asegurando la transparencia que exige el sistema republicano de gobierno».
En la fundamentación de la iniciativa, el senador Brumec se refirió primero a la necesidad de la reforma de la Constitución y recordó la tarea que había emprendido la exgobernadora Lucía Corpacci con la creación de una Comisión que había convocado a todos los sectores. «Fueron cientos las excusas y la oposición no quiso tratar el tema; no se entiende que la reforma de la constitución no se trate. Pido que el Poder Ejecutivo reimpulse la reforma de la Constitución y acabar con privilegios políticos, las reelecciones indefinidas, empezar a sesionar en febrero a marzo. Y otro de los temas es el ingreso a la justicia. Modifiquemos la Constitución», sostuvo.
Luego se refirió en particular a la Comisión Evaluadora y dijo que sintió «vergüenza» por la polémica que se generó para la cobertura de cargos para la Cámara de Apelaciones.
«No funcionó, hay que ser sinceros; al ritmo que van se van a terminar de ocupar los cargos que se necesitan en años. No tiene celeridad, necesitamos mecanismos ágiles, transparentes. Y ¿por qué hablo de transparencia? Hace poco sucedió algo que me da vergüenza. Ante un dictamen jurídico de uno de los miembros de la Comisión, dos de los que concursaron presentaron un recurso; no me molesta eso, porque los abogados presentamos recursos, pero han renunciado a la Asociación de Magistrados en forma extorsiva, en forma coercitiva, porque no les gustó cómo actuó uno de los miembros de la Comisión. Luego esa persona (en alusión a la presidenta de la Asociación de Magistrados, Marcia Lozada) cambió el dictamen ante la presión. Entonces de qué transparencia me hablan. Solicito que se derogue el decreto, que se modifique la ley y que se realice una nueva ley en la que podamos participar todos, también abogados y magistrados, para el ingreso integral a la Justicia y que sea la Carta Magna la que diga todo. La Comisión no está funcionando y todos los días vemos problemas; tenemos que impulsar la reforma constitucional.
¿Por qué cercenar el derecho que tiene el gobernador para designar los jueces?», expresó en el recinto.
Según trascendió, los senadores quieren celeridad porque a partir de las renuncias de funcionarios judiciales y la creación de nuevos cargos en el Poder Judicial habrá 70 vacantes disponibles y quieren participar en los nombramientos. En la actualidad, los legisladores no participan en la Comisión Evaluadora.
La iniciativa fue sometida a votación y obtuvo apoyo unánime.
Brumec lanzó otro dardo al Ejecutivo cuando se trataba un proyecto del senador de Tinogasta, José Alanís Andrada, que solicita destinar un cupo de viviendas o en su defecto el pago de un alquiler a través del Ministerio de Vivienda y Modernización de la provincia de Catamarca a mujeres en situación de violencia doméstica. En ese contexto, el legislador recordó que ya se habían aprobado otras iniciativas similares que no fueron tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo.
