En la Cámara Baja ingresó un proyecto para impedir el ingreso o permanecer
como funcionario o empleado del Estado en sus tres poderes, es decir Ejecutivo,
Judicial y Legislativo a personas que incurran en actos de violencia de género. La
iniciativa, impulsada por la titular de Diputados, Cecilia Guerrero, también
contempla la cesantía o exoneración para quienes ya se encuentran trabajando en
alguno de los tres poderes contemplando en este caso el derecho a ingresar
“mediante relación de empleo público a la persona que hubiese sido la víctima del
delito cometido por el agente”.
En este orden de ideas, la legisladora oficialista explica en el proyecto que la
propuesta se sustenta “en que los funcionarios y agentes de la Administración
Provincial tienen el deber de mantener una conducta decorosa propia del estado
oficial que invisten, dentro o fuera del servicio”. En este sentido, indica que “se
considera que cometer actos de violencia de género, cualquiera sea el ámbito
donde los lleven a cabo, constituye una flagrante violación a dicho deber”.
Sobre este eje, propone que la violencia de género sea considerada como una
ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus
derechos humanos. Con ello, se abre la posibilidad de que a un agresor en
funciones se le aplique “la sanción de cesantía, cuando el hecho no constituya
delito; y de exoneración, cuando el agente sea condenado por un delito vinculado
con la violencia de género”.
Como una de las causas más comunes por las que la mujer permanece dentro del
ciclo de la violencia es justamente la dependencia económica respecto de su
agresor, Guerrero propone que “a fines de no dejar desprotegida a la víctima de
violencia de género, todas aquellas mujeres que resulten víctimas de violencia de
género cuando su agresor sea funcionario o agente del Estado Provincial, una vez
dispuesta la sanción expulsiva, puedan ingresar a prestar servicios al poder del
Estado en el que cumplía funciones el varón autor de la violencia”.
“Con esta iniciativa parlamentaria estaríamos dando un mensaje contundente a la
ciudadanía en general, y a los funcionarios y empleados públicos en particular, de
que el Estado Provincial no permitirá ni avalará que ninguno de sus agentes, en
cualquiera de sus jerarquías, incurran en actos de violencia contra las mujeres, sin
poner en marcha los mecanismos institucionales necesarios para sancionar tan
grave afrenta a la dignidad humana” subraya la diputada oficialista.
Así, la propuesta establece como impedimento para ingresar y/ o permanecer y/o
ejercer como funcionarios o empleados de la Administración Provincial, a las
personas que registren condena, con sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada emanada de autoridad judicial competente, por delitos cometidos en
contexto de violencia de género, delitos agravados por violencia de género, y
delitos contra la integridad sexual. Otro factor es el haber sido declarado Agresor
de Violencia Familiar o de Género por sentencia dictada por autoridad judicial
competente en sede civil.
