Eugenia Castiglione de Sal, familiar de una de las víctimas de la denominada Tragedia de El Rodeo, publicó una fuerte misiva en la red social Facebook, quejándose de la inacción judicial y anunciando que han presentado un pedido de pronto despacho a la Cámara de Apelaciones para que la causa continúe su curso.
“Si en una de las causas más importantes de la justicia catamarqueña, no solo por la cantidad de víctimas sino por la posibilidad inminente de que otra tragedia similar vuelva a ocurrir, no hubo durante estos 5 años avances significativos, es de imaginar lo que acontece en las demás. Durante este año, los únicos actos procesales trascendentes de la causa han implicado en los hechos una paralización de la misma. En efecto, en el mes

El rodeo, Tragedia de El Rodeo

de marzo, el entonces fiscal, Dr. Gober, instó el sobreseimiento parcial y definitivo de 10 imputados; dictamen que fue declarado nulo en agosto por el juez Dr. Porfirio Acuña. Esta resolución fue apelada por el mencionado fiscal y por algunos de los imputados, ingresando las actuaciones a la cámara respectiva en octubre, la que aún no ha fijado la fecha para la audiencia en la que se resolverán dichos recursos, y que se llevaría a cabo tal vez recién en febrero de 2019”. “Hemos solicitado ‘pronto despacho’ a la Cámara de Apelaciones (integrada por los jueces Álvarez Morales, Olmi y Bustamante) a los fines de que proceda a resolver los recursos planteados, porque seguiremos haciendo todo lo posible para que esta causa no prescriba, para que se haga justicia”.
Asimismo, el documento enuncia que “los querellantes hemos puesto todo de nuestra parte para el esclarecimiento de la misma, sin embargo existe el riesgo de que las acciones prescriban por cuestiones que no dependen de nosotros sino de la justicia. No está en nuestras manos evitarlo, pero aún así tendremos que soportar las consecuencias de ello, es decir, de la inactividad de funcionarios y jueces cuyos sueldos todos pagamos y quienes no honran tan alta responsabilidad que les compete. Esto debe ser modificado. Los derechos de los imputados no pueden tener mayor jerarquía que los de las víctimas”, enfatiza la publicación.

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