A siete años de la denuncia que abrió la causa conocida como las órdenes «truchas» de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), ésta fue enviada a juicio. Cecilia Mas Saadi a cargo del Juzgado de Control de Garantías Nº2 confirmó la elevación a juicio del expediente haciendo lugar a la solicitud de envío a juicio solicitada por el entonces fiscal Marcelo Hadel Sago, quien se encontraba a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y desestimando las oposiciones planteadas por las defensas de los imputados. En total son ocho los médicos imputados cuyas defensas ya plantearon las apelaciones al fallo de la jueza.

En agosto de 2109, Sago había finalizado la investigación y enviado a juicio la causa por las presuntas irregularidades con órdenes de OSEP al Juzgado de Control de Garantías Nº2 con las oposiciones de las defensas de los médicos. El martes pasado las partes fueron notificadas de la resolución de la jueza, quien resolvió no hacer lugar a esos planteos y confirmó la elevación a juicio. Igualmente todas las defensas hicieron uso del recurso de
apelación y realizaron las presentaciones cumplimentando los pasos estipulados.
La causa se inició en diciembre de 2013 cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o “truchas” que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP.
Meses más tarde fueron imputados catorce médicos por el delito de «fraude en perjuicio a la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado». En cada caso en particular se los acusa de haber fraguado o adulterado órdenes de consulta médica de la obra social por atenciones a afiliados de OSEP que no habrían realizado y por las cuales pretendían cobrar.
Los profesionales imputados y enviados a juicios son: Juan León Córdoba Bustos, Marcelo Eduardo Ubaid, Javier Alejandro Codigoni, Nelson Walter Silva, Rolando Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Hugo Leonardo Pacheco y Lilian Beatriz Penise.
Mas Saadi en su resolución determinó que el fiscal actual de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, resuelva en un plazo no mayor a 45 días la situación procesal de los médicos Vega Ramírez, Sandez, Tolosa y Olivato. Dos de esos médicos son de Santiago del Estero y se habría comprobado que no tendrían responsabilidad en el hecho. Vega Ramírez había solicitado medidas que no habían sido proveídas y por su lado Olivato había pedido una «suspensión de juicio a prueba». En ese contexto, resolver esas situaciones demandaría más tiempo y teniendo en cuenta que las imputaciones son hechos independientes se decidió requerir la elevación a juicio y seguir tramitando lo otro por separado. Acción que deberá realizar ahora Barros Jorrat.
Antecedentes y consecuencias
Médicos
Del número original de médicos que fueron imputados en primera instancia por los fiscales (14), dos personas fueron desvinculadas: Miriam Argañaraz y Oscar Argentino Tapia. La primera es una mujer muy humilde de Santiago del Estero, a la que le utilizaron la identidad para hacerla pasar por médica recibida en Córdoba. En el caso de Tapia es un joven discapacitado con síndrome de Down, también de Santiago del Estero.

Prieto
Tras la denuncia del Círculo Médico en 2013 siguió una similar que el interventor de la OSEP, Julio Cabur, realizó ante la Fiscalía de Estado para que investigue la facturación de noviembre de 2013. El exdirector de OSEP Julio Prieto también fue enviado a juicio por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, bajo la imputación de «encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal», al considerar que incumplió obligaciones que le correspondían, al conocer que ocurrían presuntas irregularidades en la venta de órdenes médicas y no realizó denuncia ni actuaciones

 

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