CAUSA DE LAS COMPRAS DIRECTAS
El abogado de Pablo Doro, Carlos Rosales Vera opinó sobre el desarrollo del juicio que se concreta en la Cámara penal nº3.
Carlos Rosales Vera, abogado del exministro de Salud, Pablo Doro, en la causa de las compras directas en Desarrollo Social durante la gestión del Frente Cívico y Social, afirmó que hasta la fecha, el juicio que se desarrolla en la Cámara Penal nº3 no ha podido demostrar ninguna de las acusaciones que pesan sobre su defendido. En este marco, el letrado se mostró confiado en que el Tribunal emitirá un fallo favorable a los intereses de su representado. «Hay siete imputaciones para Doro y 12 para Brandán pero ninguna de ellas tiene pies, ni cabeza”, consideró.
Además de Doro, están en el banquillo de los acusados, el exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Brandán, Carlina Zurita y Guillermo Martínez. La próxima semana se retomarán las audiencias con los últimos testimonios de los testigos.
“Hasta ahora, de todas las audiencias que hubo que han sido 28, ninguno de los testigos ha acreditado absolutamente nada”, dijo el letrado en diálogo con El Ancasti y agregó: “De lo que está denunciado, de lo que dijo Fidel Sáenz (quien realizó la presentación que motorizó la investigación en la Justicia) y de lo que es la acusación no hay vínculo entre los relatos de los testigos y los hechos investigados”.
Para sostener su postura, el abogado enumeró uno por uno los errores que a su criterio se cometieron en la investigación penal preparatoria y que repercuten en el juicio que se desarrolla por estos días. En este marco, cuestionó que “todas las imputaciones se formulan como si no se conocieran los procesos administrativos”.
“El procedimiento de pago final se hace inevitablemente con un cheque, (en la investigación) se tiene que acreditar que ese dinero fue mal habido y nada de eso está acreditado, ni desarrollado en la acusación», consideró, añadiendo que «este proceso tiene graves falencias, porque si uno escucha todos los testimoniales, lo primero que se encuentra es que nadie se acuerda de lo que denunció».
Más adelante, destacó que existe una resolución del Tribunal de Cuentas (en base a una auditoría pedida por el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas) que, fue incorporado al expediente de la causa a pedido de él, que “echa por tierra toda la imputación”.
“En esa resolución, el Tribunal de Cuentas, que es el organismo constitucionalmente obligado a controlar la administración pública, detalla cada una de las contrataciones y dice concretamente que no hay responsabilidad penal. Si le imputan responsabilidad a Brandán por daños que es una responsabilidad civil”, advirtió.
Además, destacó que Fiscalía de Estado, que es parte de ese proceso, no dijo “absolutamente” nada. “Lo que yo veo hasta ahora es que no hay ninguna prueba que determine algún tipo de responsabilidad”, aseveró y agregó: “No hay simetría entre los testimoniales producidos y los hechos imputados a las personas que están en el juicio”.
En este contexto, aclaró que al momento de sostener la acusación de algunos hechos puntuales, no basta solo con la declaración de los testigos. “Suponiendo que estos testigos confirmaran los supuestos hechos, eso también se tiene que confirmar con un cuadro administrativo que no existe”, explicó.
Posteriormente y además de calificar a la denuncia como “superficial”, afirmó que la investigación llevada a cabo no ha concluido porque “si se supone que hubo un negocio donde las empresas que participaban otorgaban retornos, no hay ningún imputado”.
“Esto es lo que se dice un delito de cumplimiento imposible, porque le está faltando la otra parte. Por ejemplo, el caso de Lázaro Báez y de Cristina Kirchner, lo que se probó es que Lázaro Báez era el receptor de ese dinero y que después se lo daba a los Kirchner. Si solo se probaba que Lázaro Báez es quien hizo las contrataciones y recibió la plata no es suficiente para la causa. Se tiene que probar que el circuito terminó con la participación de aquel que lo favorece. Acá ni siquiera está citado alguien que diga yo emití mal la factura o yo cobre mal”, sostuvo.
Para el abogado, “hay un desconocimiento grosero del circuito administrativo”, al sostener que todo pago o contratación termina con un control interno en Contaduría General de la Provincia y en Tesorería. “No es que Brandán autorizaba el pago y él cobraba el cheque, el circuito administrativo tiene un control interno que revisa absolutamente todo, que no esté mal la orden de pago, la contratación o el precio. Nada de eso está observado y son requisitos administrativos básicos”, consideró.
Finalmente y sobre cómo piensa que terminará el juicio, el abogado indicó que «el tribunal verá qué es lo que hace y lo que es jurídicamente correcto».
«Quiero creer que el tribunal actuará con la ecuanimidad que corresponde y va a emitir un fallo de acuerdo a derecho, de acuerdo al hecho y a la prueba que existe», dijo y agregó: «Tengo cierta tranquilidad de que no estamos hablando acá de hechos que vinculan particularmente a mi cliente, incluso hay documentación como la resolución del Tribunal de Cuentas que lo liberan de responsabilidad, ya que advierte que lo que hizo es completar las diligencias de trámites que eran necesarios porque si no el Estado tenía una responsabilidad económica adicional”.
Fuente: El Chasqui Digital
