ANTE LA JUSTICIA
El legislador radical presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que autoriza un millonario crédito provincial y advirtió posibles delitos penales por parte del oficialismo.
El diputado Alfredo Marchioli (UCR) presentó ante la Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5898, sancionada recientemente por la Legislatura Provincial, que autoriza al Ejecutivo a contraer un nuevo y millonario endeudamiento. La medida judicial, según explica el legislador, busca frenar lo que califica como «un plan ilegal para financiar la campaña del gobierno a costa del pueblo catamarqueño».
“Vamos a frenar el endeudamiento ilegal que busca financiar la campaña política del Gobierno, mientras el pueblo tiene sus bolsillos cada vez más vacíos, paga más y gana menos”, sentencia Marchioli tras observar que la impugnación se apoya en múltiples irregularidades registradas durante el tratamiento legislativo de la norma.
“La sesión estuvo manchada por vicios groseros: se omitió la votación nominal solicitada por varios diputados, se impuso una mayoría simple donde se requería una mayoría agravada, y se ignoraron las normas elementales del reglamento legislativo”, denuncia el legislador radical, advirtiendo que la aprobación de la ley vulneró mandatos constitucionales que exigen mayorías especiales para autorizar deuda pública.
Para Marchioli, el crédito que intenta gestionar el Ejecutivo no tiene como destino obras públicas, mejoras en salud, educación o infraestructura productiva, sino que constituye una herramienta de financiamiento electoral. “Esta deuda está diseñada para terminar las obras que enriquecen los bolsillos del gobernador, pagar favores, propaganda, operadores y dádivas”, lanza.
En ese sentido, subraya que el endeudamiento proyectado “no es solo una cuestión institucional, sino también un límite político y social”, y vincula el uso discrecional de los fondos públicos a un entramado de irregularidades que podrían configurar delitos penales graves. “Si insisten en avanzar por esta vía, impulsaremos acciones penales para que los responsables rindan cuentas. Hablamos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude a la administración pública”, alerta.
Marchioli también apunta contra el manejo general de las finanzas provinciales por parte del gobernador Raúl Jalil. “Mientras avanza con un nuevo endeudamiento, Jalil aumenta los aportes a la obra social de los empleados públicos, recorta el poder adquisitivo de los trabajadores, autoriza subas en las tarifas eléctricas, elimina programas sociales como One Shot y Días de Ensueño, y miente sobre la coparticipación para presionar a los intendentes”, enumera.
Asimismo, denuncia que el gobierno declaró desierta la licitación del empréstito, allanando así el camino para contrataciones directas por cifras millonarias “sin controles ni transparencia”, y criticó el gasto de más de $61.000 millones en la construcción de la costanera, “una obra diseñada para engordar el valor de los terrenos del gobernador”.
Entre las evidencias de la mala administración, el legislador también apuntó contra la reciente decisión del Ejecutivo de entregar la gestión de la quiniela provincial a operadores foráneos. “Esto representa un retroceso grave en términos de soberanía, porque se pierde el control sobre una actividad que afecta directamente a la salud pública, al trabajo de los quinieleros y a la recaudación provincial. Es tan grave como lo que ya hizo este mismo gobierno con el litio en la frontera con Salta, entregando recursos estratégicos sin garantías para Catamarca”, remarca.
“No vamos a permitir que endeuden a Catamarca a espaldas de su gente. No vamos a permitir que hipotequen el futuro para financiar publicidad en YouTube, redes sociales, ñoquis asesores, punteros, operadores y dádivas para comprar votos”, sostiene el legislador, quien pide un “freno legal, ético y político” al uso del Estado como caja electoral.
Finalmente, Marchioli enfatiza en que Jalil “corrompió y coptó la justicia” para blindar de impunidad no solo a los funcionarios involucrados en hechos de corrupción, sino también en causas sensibles como el asesinato de Rojas y el funcionamiento de presuntas asociaciones ilícitas. También señala el “ajuste social silencioso” que aplica el gobierno a través de la eliminación de la carrera docente y la reducción de guardias médicas en hospitales.
“El gobernador gobierna como un feudo con chequera. Nosotros estamos para ponerle límites, desde la ley, desde la Constitución, y desde la voz de una ciudadanía harta de abusos”, concluye.
