Alrededor de siete horas estuvieron reunidos los diputados de diferentes fuerzas políticas en la comisión de Legislación General con el secretario de Seguridad, Marcos Denett.
Mucho se dijo sobre la inseguridad, la normativa vigente y expresiones previas que fueron criticadas.
A esto se le sumaron dos factores más: el rol del Poder Judicial y el presupuesto para la cartera de Seguridad.
En diálogo con la prensa, Denett mencionó lo que se podía sacar en limpio de la reunión.
Indicó que «ha faltado tiempo” por la complejidad en la materia de seguridad, por lo cual «han quedado algunos temas pendientes”, lo que consecuentemente será subsanado en un futuro encuentro y en un pedido de informe por escrito de parte de los legisladores, quienes luego «evaluarán proyectos”.
El secretario destacó que «el principal motivo de la reunión fue ver la implementación de la ley de seguridad, su reglamentación, las partes en ejecución y qué falta poner en movimiento”.
Sobre un diagnóstico en materia preventiva, dijo que «se abordó con opiniones distintas”, por cuanto «es complejo, ya que incide la situación de falta de trabajo, adicciones, la crisis de valores y un sinnúmero de circunstancias sociales que generan la situación de inseguridad”.
Los recursos destinados a la seguridad y la prevención del delito tampoco quedaron al margen. En esta línea, Denett manifestó que se hizo «hincapié en la puesta en función del Observatorio del Delito”, acotando que «ellos -por los diputados- darían apoyo a la cuestión presupuestaria para redoblar el esfuerzo, como en materia de designación de más personal”.
En este orden, observó que «siempre los recursos son escasos, más que todo en la espiral inflacionaria actual que tenemos”.
Para graficarlo, comparó que antes se habían comprado 59 camionetas por $260 mil y «hoy están cerca de los $700 mil”.
Bancada
La presidenta de la comisión, Verónica Rodríguez Calascibetta (FCS-Cambiemos), manifestó una vez terminada la reunión que «no estaba apuntando a una confrontación”, sino que el interés «es trabajar es en pos de mejorar la seguridad de la provincia”.
Además, señaló que percibieron la falta de «mayor cantidad de recursos para la designación de personal”.
Observaciones
En tanto, desde el bloque opositor FCS-Cambiemos emitieron un comunicado explicitando los puntos observados. Sostuvieron que el Gobierno, a través de la secretaría de Seguridad, «es el responsable directo de la seguridad pública y de la prevención del delito”, por lo cual «deben dejar de culpar al Poder Judicial y a las normas penales”, instando también a dejar de lado «la impotencia demostrada ante la ola delictiva” y «oponer firmeza y decisión mediante un plan de acción claro”.
A modo de conclusión, mencionan «que la Policía carece de recursos humanos y logísticos suficientes” para hacer frente al incremento de la actividad delictiva y que para mejorar los resultados de prevención «la autoridad política deberá proveer a la resolución de estos déficits, ya que de no hacerlo será más difícil hacer frente a la evolución del delito”.
Entre otros aspectos, señalan la necesidad de jerarquizar el cuerpo policial provincial e implementar mejoras en la recolección y análisis estadístico; además, expresan que «no se evidencian avances sustanciales en la implementación de la Ley de Seguridad Pública”.
Aseguran que se solicitó precisiones en cuanto a los aspectos operacionales y programáticos a través de una nota ingresada a la Secretaría cuando concluyó la reunión.
La Justicia
Por su parte, la presidenta del bloque oficialista e integrante de la comisión, Cecilia Guerrero (FPV-PJ), fue consultada respecto a los recursos. Explicó que tanto Denett como la Policía pusieron de manifiesto «que no necesariamente la cantidad de policías tiene relación directa con la inseguridad, porque hay otros medios tecnológicos para prevenir el delito”. Sin perjuicio de ello, comentó que «los recursos son siempre escasos”.
marcos denett, secretario de seguridad marcos denett
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A la vez, se refirió al papel del Poder Judicial. Sucede que el Secretario advirtió que el 72,8% de los homicidios ocurridos en los últimos dos años fueron perpetuados por personas que tenían antecedentes penales/judiciales no llegados a juicio.
«Es una gran responsabilidad de la Justicia”, contempló y agregó: «No digo que sea adrede”. «Es el único poder del Estado que no se ha transformado a las nuevas demandas sociales. Creo que deben asumir la responsabilidad de contribuir desde su rol”, dijo.
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