El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció ayer a 52 universidades nacionales para que se investiguen los millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país durante el gobierno kirchnerista.
Dentro del medio centenar incluyó a la Universidad Nacional de Catamarca (Unca).
“Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, reclamó la denuncia a la que accedió la agencia de noticias DyN.
Entre las investigadas, además de la Unca, están las universidades de Buenos Aires, Del Centro de la provincia de Buenos Aires, Comahue, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, Del Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, unca1Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Del Sur, Tecnológica Nacional, Tucumán, La Rioja, Lanús, Tres de Febrero, Villa María, Patagónica Austral, De las Artes, Chilecito, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco Austral, Villa Mercedes, Avellaneda, Del Oeste, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Moreno, Arturo Jauretche, José C. Paz, Comechingones, Hurlingham, Alto Uruguay, Córdoba, Río Cuarto y Rafaela.
El fiscal sostuvo que “la complejidad de las maniobras podrían sumar otras calificaciones legales”, pero por ahora las maniobras habrán de investigarse como “malversación de caudales públicos”.
Según la agencia oficial Télam, la investigación preliminar del fiscal comenzó a raíz de notas periodísticas sobre la supuesta distribución de 747 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2015 a través de resoluciones de la secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación nacional, “repartiéndose el 70 por ciento de esos fondos a las nuevas universidades creadas entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires”.
Marijuán solicitó información a la Jefatura de Gabinete y al ministerio de Educación, en donde se detalló la totalidad de los montos transferidos del Estado a las universidades en los últimos ocho años, y acompañó la prueba en soporte informático.
También la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación aportaron los listados con la individualización de los informes emitidos por ambos organismos entre 2006 y 2015, mientras que la Oficina Anticorrupción (OA) se encuentra haciendo una investigación preliminar sobre los convenios labrados entre la administración pública y las universidades.