La empresa constructora Capdevila SA -cuyo presidente del directorio es Benjamín Capdevila- logró que el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial emita un fallo dictando el Concurso Preventivo. Así, reconoce que la firma no puede cubrir el pago de sus obligaciones, lo que indefectiblemente la vuelve insolvente.
Se debe mencionar que dicha medida apunta a una reorganización de la empresa, buscando evitar su quiebra. En este proceso se pueden renegociar las deudas contraídas con sus acreedores.
Capdevila solicitó un cambio de carátula: pasar de «Concurso Preventivo” a «Pequeño Concurso Preventivo” (PCP). Según surge de esto, afirmó que la empresa tuvo un crecimiento sostenido desde su formación hasta mediados del 2012, cuando «comienzan a sentirse los embates de distintos factores”, con la «drástica reducción de la participación de la empresa en licitaciones de obra pública”.
En esta línea, agregó que el contexto fue agravándose hasta el 2015, cuando «se agudizó el problema de deudas con la Afip y otros organismos”. Además, argumentó que desde julio del 2015 hasta julio del 2016 se paralizaron todas las obras” que tenían ejecutándose por falta de pago, «con el consecuente atraso en los planes de trabajo”.
En tanto, denunció «persecución política, empresarial y mediática”, lo que acarreó una «disminución del crédito”. En la presentación, el titular de la empresa mencionó que tuvo fallos adversos en juicios civiles y laborales, determinando «el embargo de las cuentas corrientes, por lo que se hace necesario recurrir a este pedido de concurso preventivo de acreedores”.
Así, indicó que «la situación económica del país” es un factor que contribuye a que la empresa «se encuentre sumida en una crisis, no pudiendo cubrir el pago de sus obligaciones, lo cual evidencia el estado de cesación de pagos”.
De esta forma, la cámara entendió que existen antecedentes formales y sustanciales para declarar la apertura del Concurso Preventivo, «preservando el patrimonio de la deudora”.
A la vez, se cambió de categoría de Pequeño Concurso, puesto que la empresa se enmarca en lo dispuesto por la ley: «Poseer menos de 20 empleados en relación de dependencia”.
Por lo expuesto, la jueza Elsa Nieves Bosch resolvió abrir el PCP. A la vez, había designado una audiencia para el sorteo del síndico el 27 de abril del 2017.
La magistrada también decretó la inhibición general de bienes de la concursada, librando oficio a los Registros de la Propiedad Inmobiliaria y Nacional del Automotor.
El proceso continuará el 26 de junio, fecha hasta la cual los acreedores podrán presentar los pedidos de verificación de los créditos al síndico. El 5 de octubre es la presentación del informe general por parte del síndico.
Entre las disposiciones de la cámara comercial, se prohibió a los socios de la concursada, Benjamín Capdevila y Ana Lucía Magario, ausentarse del país sin previa comunicación o autorización del juzgado.
Particular
El fallo, como lo marca la ley, designó integrantes del Comité de Control a distintos acreedores. Entre ellos, Afip, Banco Patagonia, un representante de los trabajadores y la firma Yucuco SA -de la cual, es vox populi, cuenta con acciones de Capdevila-.
Fechas
De la sentencia interlocutoria 15 surgen las presentaciones que realizó la empresa en el proceso del Concurso Preventivo. Más allá de las explicaciones y fundamentaciones por las cuales se declara insolvente, del fallo se desprende un dato relevante: la fecha, el 12 de abril del corriente año.
Si bien podría llegar a ser anecdótico el «cuando”, para el caso adquiere relevancia. Sucede que en los primeros días de mayo, el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, hizo público que la provincia presentó un reclamo judicial para con la firma Capdevila SA. La medida fue para que la empresa pague $36 millones en pos de reparar el estadio Bicentenario, luego de comprobarse deficiencias en la construcción.
Es decir, la Provincia reclamó formalmente a la empresa un resarcimiento económico por el Coloso de la Loma -casi- dos semanas posteriores al fallo del juzgado.
A esta circunstancia debe sumársele el estudio realizado por la Universidad Nacional de Tucumán, por el cual se daba cuenta sobre la utilización de materiales no clasificados como causal de colapsos y deslizamientos.
Dicho documento, de acuerdo a información oficial, fue formalmente presentado en Fiscalía de Estado los primeros días de octubre. En otras palabras, -casi- ocho meses antes del reclamo formal.
