Los nombramientos dejados por la gestión anterior siguen estando en el ojo de la
tormenta en Valle Viejo y generan que se deban analizar cada uno de ellos.
En declaraciones a la prensa, la intendente chacarera Susana Zenteno apuntó a su
antecesor, Gustavo Jalile. En tal sentido, manifestó que Jalile dejó en los últimos
meses 400 nombramientos entre contratados y planta permanente, motivo por el cual
cada uno de los casos será analizado.
Recordemos que esta situación genera preocupación entre los empleados
municipales y que ya puso en alerta a los gremios que los representan.
En otro orden de cosas, ayer Susana Zenteno recibió al secretario general de ATE,
Ricardo Arévalo, y demás miembros de la Comisión Directiva.
El encuentro estaba pautado para buscar una salida al conflicto planteado por los
masivos nombramientos de empleados por parte de la gestión saliente a cargo de
Gustavo Jalile. Es por ello que desde la comuna chacarera le manifestaron al gremio
que se decretará la emergencia administrativa, financiera e institucional, para afrontar
los sueldos de este mes, hasta tanto se expida la Justicia en relación con las
acciones legales presentadas por la gestión de Zenteno.
También remarcó que “hay un marco legal que limita nuestras facultades en materia
de gasto en personal y no puedo actuar en violación de la ley”.
Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, manifestó su inquietud
sobre la situación de los trabajadores nombrados por la gestión saliente en el marco
de las prohibiciones del Pacto Fiscal.
El secretario de Gobierno del Municipio, Roldando Contreras, desmintió que desde el
Ejecutivo se haya firmado el viernes pasado un decreto de baja y destacó que “la
carta orgánica establece un tope legal de afectación de los recursos para la planta de
personal, esto porque el Gobierno Municipal tiene el deber legal de prestar servicios
esenciales a la comunidad relacionados con la salubridad, educación y la seguridad”.
Además, aclaró que “al día de hoy, tenemos el 98 por ciento y en el 2020 sería del
106 por ciento de la coparticipación afectada al pago de sueldos, es decir, no alcanza
para garantizar los servicios esenciales”.
