El 11 de diciembre de 2020 y a pocos días de cumplir un año como desempleados, los municipales de Recreo que fueron cesanteados por el intendente, en el inicio de su gestión se dieron con la novedad de que debían ser reincorporados en sus funciones en la administración local por orden de la Justicia.
La Corte había notificado al intendente que tenía un plazo de diez días para hacerlo, luego de dictar sentencia a favor de los trabajadores en el amparo que presentaron.
El máximo tribunal había resuelto declarar la nulidad del decreto nº66/19, con el que el intendente Polti decidió dar de baja las designaciones que había dejado su antecesor, Roberto Herrera (FCS-Cambiemos), antes de dejar el cargo. Con el fallo, se beneficiaron los 58 trabajadores que habían presentado el amparo a fines de 2019.
Sin embargo, Polti se negó sistemáticamente a cumplir con la orden de la Corte local. Luego de conocerse la medida judicial y tras una serie de idas y vueltas, el fiscal municipal de Recreo, Fernando Contreras, anticipó en octubre del año pasado que el municipio no reincorporaría a los 56 trabajadores y anunció que interpondría un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un mes antes, la Corte le había rechazado el recurso extraordinario que presentó contra la reincorporación de los empleados municipales. Durante todo este tiempo, para el municipio la sentencia no estuvo firme y por lo tanto consideraron que correría el plazo de intimación por 10 días hábiles.
Posteriormente, a principios de diciembre del año pasado y ante la negativa del jefe comunal de cumplir con su resolución, la Corte de Justicia lo condenó al pago de sanciones conminatorias por desoír la sentencia. La decisión del máximo tribunal fue en base a un nuevo amparo presentado por el asesor legal de ATE, Iván Sarquís. La sanción que se le impuso al jefe comunal constaba de abonar una multa de $500 (quinientos pesos) diarios en beneficio de cada actor cesanteado hasta tanto sea reincorporado en el cargo y función que detentaba. Es decir que, hasta tanto no se cumpla con el fallo, el intendente Polti debería pagar por día unos 30 mil pesos.
A la par de la causa judicial, los cesanteados junto al gremio de ATE realizaron constantes reclamos con cortes de ruta incluidos, para ser reincorporados.