Los principales gremios estatales insisten en el planteo para que el Gobierno de la Provincia pague un bono extraordinario de fin de año, aun a pesar de que el gobernador Raúl Jalil ya adelantó que «no hay recursos» para otorgarlo. UPCN planteó al Ejecutivo que se adelante la reunión paritaria que había sido prometida para diciembre con la intención de volver a pedir por este bono y ATE adelantó que el próximo martes 30 se movilizará en la Capital.
Planteo
UPCN pidió que el Gobierno los reciba la próxima semana «a los efectos de plantear el pago de un bono para paliar la canasta de fin de año».
«Los trabajadores públicos de Catamarca durante toda la pandemia pusieron todos sus esfuerzos para que los servicios que brindan se puedan llevar a cabo ininterrumpidamente. Tanto el personal de Obras Públicas por su trabajo en el Hospital Malbrán, como el personal de maestranza en las escuelas, o aquellos trabajadores que realizan asistencia alimentaria: todos han trabajado a destajo», expresaron en un comunicado.
«Destacamos también al personal de Defensa del Consumidor, que trabajó bajando los programas de precios acordados, o el personal de OSEP que permitió tener un sistema de salud funcionando. Estos trabajadores y muchos más estuvieron trabajando en forma silenciosa para brindar un servicio público de calidad», remarcó UPCN en el escrito que publicó en sus redes. Por este motivo, y al asegurar que «la canasta básica viene subiendo sin pausas en este 2021» es que consideraron que un bono de fin de año «es absolutamente necesario de percibir».
Según explicó Claudia Espeche, la secretaria general, el Gobierno se comprometió a recibirlos en una reunión de la que participarían el propio Raúl Jalil y el ministro de Trabajo, Ariel Luna.
Movilización
Para el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, la provincia está en condiciones de pagar un bono. «Hay un superávit fiscal y se puede priorizar la necesidad de los trabajadores», dijo y advirtió que igualmente «vamos a salir a la calle, porque es lo que nos piden las bases».
«Lamentablemente el Gobierno no nos da una respuesta favorable. Estamos hablando de una necesidad y no de un capricho», reclamó Arévalo. En este sentido, mediante nota el gremio ya comunicó que iniciará un plan de lucha y que la primera medida de fuerza será el quite de colaboración en toda la provincia para el próximo martes 30, con movilización en la Capital.
Para ATE, el bono de fin de año debe ser extensivo también a los municipios. «Hace muchos años que venimos pidiéndole al Gobierno que los trabajadores municipales no cobren lo que podría ser una beca, sino un sueldo como corresponde. Queremos que los municipales no sólo tengan el mínimo, vital y móvil, sino que estén por arriba de eso, que se acerquen a lo que nos dicta el índice de la canasta básica», sostuvo.
IPV
Los trabajadores del IPV también elevaron un escrito en el que solicitan un bono y cuestionan que «el accionar del Gobierno se contrapone con las necesidades y derechos adquiridos de los trabajadores».
«Al parecer el sueldo de un empleado público ‘es muy bueno’. No entendemos por qué la mayoría está por debajo de la canasta básica. Aún así, nuestros ingresos no son un gasto improductivo: la rueda de consumo local en todas las actividades económicas surge de los trabajadores estatales que son un engranaje principal en la economía provincial», cuestionaron.
En el comunicado, que lleva la firma del titular del sindicato, Pablo Machado, remarcaron que «el bono no es un privilegio sino una necesidad y un paliativo para subsanar algunas carencias que salen a relucir tras la crisis inflacionaria que atravesamos». «Si bien se hace énfasis en la falta de recursos para solventar el bono, no es una excusa válida: somos testigos directos de que el gasto público es desmedido en cuestiones no primordiales como las que estamos tratando ahora, que es el salario de los trabajadores», reclamaron.
Legislatura
El diputado José ‘Chichí’ Sosa (UCR) presentó un proyecto para instar al Poder Ejecutivo a pagar un paliativo de fin de año. En este sentido, propone que el Gobierno pague un bono extraordinario que no sea inferior al anunciado en Tucumán, de $40.000; pero tampoco superior al anunciado en Santiago del Estero, de $90.000, al señalar que ambas provincias constituyen un marco de referencia para analizar un monto probable.
Contra la reforma
Por otra parte, el titular de ATE, Ricardo Arévalo, cuestionó que el Gobierno insista con cambios en las leyes laborales y aseguró que la intención es «achicar el Estado para avanzar en una privatización».
«Nuevamente sacan este disparador para distraer. Nos parece que quieren ir más allá; con esto de cambiar las leyes laborales lo que quieren es achicar el Estado con la idea de ayudar al sector privado, que no tienen nada que ver. El desarrollo del sector privado se debe dar con ayuda del Estado y para ello lo que deberían achicar es la planta política que tienen. Es una locura que no respeten al empleado público», cuestionó Arévalo.
Para el gremialista, la idea de achicar el Estado «es la de incentivar al privado con las famosas privatizaciones». «Ya saldrá ese verso del retiro voluntario o esas cosas raras. Vemos en el sector privado mucha informalidad, con trabajos de 8 a 12 horas con salarios a las bajas. En el sector público son otras las reglas del juego, por eso quieren achicarlo», comparó.
En esa línea, recordó que ya hubo un intento de reforma laboral y que se planteó en el COPES, y reclamó que esta «duerme en la Legislatura porque no es lo que ellos querían hacer». «Mienten diciendo que es para garantizarles trabajo a los jóvenes, y sabemos que el único que garantiza estabilidad es el sector público», expresó.
