En el marco de la investigación por el presunto pedido de coimas que tiene
imputados a los exjueces de la Cámara de Apelaciones, Raúl Da Prá y Juan Pablo
Morales, volvió a tener novedades esta semana sobre del cuestionamiento del
polémico video en el que se observa a ambos magistrados recibir una suma
dineraria con el objeto, aparentemente, de beneficiar a un detenido.
Cabe recordar que el fiscal Facundo Barros Jorrat, quien lleva adelante la
pesquisa, rechazó un pedido de una de las defensas para incorporar prueba nueva
en el expediente, por tratarse de evidencia sobreabundante.
Por este motivo, el abogado Víctor García, quien representa a Da Prá, se opuso a
la decisión del representante del Ministerio Público y el incidente fue elevado al
Juzgado de Control de Garantías, donde el juez Lucas Tomás Vaccaroni le dio la
derecha al fiscal y rechazó el planteo de la defensa.
En ese contexto, García presentó una apelación al fallo del magistrado y la causa
se elevó para su resolución a la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la
Provincia, donde el lunes pasado se llevó a cabo una audiencia oral para que las
partes expresen sus fundamentos.
Según fuentes judiciales consultadas, entre las descabelladas pruebas que solicita
la defensa, solicitan que el material fílmico sea analizado por un cineasta para
determinar si el video viral tiene como objeto la difamación. También pidieron que
declaren como testigos peritos de parte, aunque no justificaron debidamente la
solicitud.
Al culminar la audiencia, el tribunal de la Cámara de Apelaciones resolvió pasar a
un cuarto intermedio para la próxima semana, en el que se dará a conocer el fallo
al respecto.
El escándalo
De acuerdo a la investigación que surgió luego de hacerse viral el video en que se
observa a quienes en ese entonces cumplían la función de camaristas hablando y
recibiendo una presunta coima, se investiga que habrían recibido un total de $
820.000 dividido en partes iguales, por un hecho ocurrido entre el 5 de diciembre
de 2019 y el 18 de febrero de 2020.
El dinero habría sido enviado por el imputado Daniel Jiménez, quien actuando
mediante una persona que no pudo ser identificada por la Instrucción solicitaba a
los magistrados que se revoque la prisión preventiva que lo mantenía detenido por
esos momentos, lo que habría ocurrido finalmente en marzo a partir de una
resolución dictada por los ahora imputados.
Jiménez, por lo tanto, fue imputado por el delito de “cohecho activo agravado”
(figura con la que se denomina a quien ofrece la “coima”) y los jueces por
“cohecho pasivo agravado” (figura legal que describe a quien recibe el dinero/
servicio/ favor).
El video trascendió las fronteras de Catamarca y fue emitido en canales de
noticias a nivel nacional a fines de junio de 2020. En paralelo, la Corte de Justicia
de Catamarca inició un proceso de jury contra ambos sospechosos, lo que terminó
en la renuncia de ambos a sus cargos.
Si bien en un principio la causa penal tuvo encontronazos entre distintas posturas
jurídicas ya que se cuestionaba el inicio de un proceso penal convencional por
tratarse de magistrados, se planteó el pedido de desafuero, que se terminó de
dirimir cuando ambos abandonaron sus fueros.
