Ayer, la comisión que preside el diputado Juan Carlos Rojas (Legislación General y del Trabajo) dio continuidad al diálogo con los trabajadores del SOEM Valle Viejo. Sucede que, la semana pasada, los diputados del peronismo mantuvieron un encuentro con los integrantes del gremio, sobre los cuales se resolvió elevarlos a juicio por el delito de entorpecimiento del tránsito sobre la ruta Nº38 en diciembre de 2016.
Ahora, en un encuentro ampliado, los diputados resolvieron elaborar un informe con todas las actuaciones para ser girados a la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, apuntando a la participación del fiscal Ezequiel Walther.
El encuentro de ayer también contó con la participación del gremio de ATE, quienes se solidarizaron con los trabajadores nucleados en el SOEM chacarero.
En diálogo con este medio, Rojas, presidente de la comisión, mencionó que en la venidera reunión se iba a definir las acciones a seguir. Además, indicó que se planteará “un repudio a estas acciones que nosotros consideramos, al menos desde el oficialismo, como una persecución a los trabajadores”.
Al diputado Rojas le llamó “poderosamente la atención que el fiscal Walther no había tenido ‘suerte’ en las otras oportunidades” sobre las cuales ya había solicitado la elevación a juicio de los trabajadores.
Por su parte, el legislador kirchnerista Hugo Ávila (UC) señaló que se elevará a la “comisión de juicio político todo lo actuado” criticando el accionar del fiscal: “Se actúa con una doble vara ya que si eleva a juicio a seis empleados por un corte de ruta con todos los protocolos ¿Por qué no elevan a juicio cuando todos los días hay cortes sobre calle Junín?”.
En este orden de ideas, el diputado planteó que “los fiscales de turno jamás plantearon una judicialización de esos piquetes” y apuntó que deben “cumplir siempre con la ley”.
Incluso, Ávila mencionó que “después se designó un familiar del fiscal en Valle Viejo” y recordó que el propio Walther “no actuó cuando el intendente chacarero amenazó de muerte a los empleados municipales y sus familias”.
“Se quiere criminalizar la protesta de los empleados cuando no se hizo lo mismo en ningún lugar de la provincia” resumió para observar que “es como algo a pedido del intendente Jalile”.
Así las cosas, el legislador kirchnerista evaluó que “se generaría la doctrina Walther, elevando a juicio un piquete para condenarlos y que el municipios tenga razones para avanzar en un sumario y correrlos”.
Ávila reseñó que de cinco diputados coincidieron plenamente “que hay que elevar primero todas las actuaciones judiciales, lo dialogado en la comisión a la comisión de juicio político para que estudien el caso, poniéndolos en conocimiento de que hay un fiscal que quiere criminalizar la protesta laboral”.
Por su parte, Carlos Uslenghui, uno de los letrados defensor de algunos trabajadores, le respondió al intendente Gustavo Jalile que la posible elevación a juicio político “no es una amenaza, es aplicar las reglas de la democracia”.
En diálogo con Cae El Telón, reseñó que en la Legislatura “se hará un repudio por un lado y se enviará las actuaciones a la comisión de juicio político solicitando el Jury al fiscal Walther; es lo que nos manifestaron los legisladores”

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