La medida se oficializó este viernes mediante la resolución 1240 y afecta al personal de planta permanente. Desde el Ejecutivo justifican los despidos por la transformación de los organismos y su reorganización bajo ministerios.
El gobierno nacional avanzó con la reforma de varios organismos estatales y dejó en situación de disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), a pesar de que el Senado había rechazado los decretos delegados que impulsaban estas modificaciones.
La decisión se formalizó este viernes a través de la Resolución 1240, publicada en el Boletín Oficial, que incluye tres anexos y afecta específicamente al personal de planta permanente “con estabilidad adquirida”. La normativa aclara que se limitan licencias sin goce de haberes, comisiones de servicio, adscripciones o asignaciones transitorias previamente establecidas para el personal de los organismos mencionados.
Desde el Ejecutivo, explicaron que las desvinculaciones se justifican por la transformación del INTA, la disolución del INASE y la reorganización del INV. En total, 343 empleados pasarán a disponibilidad.
Esta medida llega tras el rechazo del Senado a cinco decretos (462, 345, 351, 340 y 461) emitidos por Javier Milei con facultades delegadas. Entre ellos, el decreto 462/2025 modificaba la estructura de organismos clave: el INV y el INTI se convirtieron en unidades organizativas bajo la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria y Comercio, respectivamente. Así, el INV centrará su tarea en el control técnico de la cadena vitivinícola, mientras que el INTI buscará unificar las políticas de desarrollo industrial.
Por su parte, el INTA dejó de ser un organismo descentralizado y autárquico, pasando a depender directamente del Ministerio de Agricultura como ente “desconcentrado”. Desde el Gobierno defendieron la medida argumentando que la institución “se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizada como herramienta de militancia política y enfocándose en la Agenda 2030, en lugar de atender las necesidades del sector agroindustrial”.
