Tras un prolongado debate por la constitucionalidad (o inconstitucionalidad) del nuevo
Código de Procedimientos Mineros, el oficialismo aprobó con media sanción el
proyecto solicitado por el Gobierno. En la sesión, el bloque oficialista tuvo el respaldo
de cuatro diputados opositores puesto que el resto era reacio en base al cambio de
autoridad minera. Para el caso, todo el procedimiento relacionado a la cuestión
minera pasará del poder judicial a manos del Ejecutivo.
Precisamente esto último fue el eje de gran parte de la discusión. Para la mayoría de
los diputados del radicalismo el cambio de autoridad minera va a contramano con lo
dispuesto en un artículo de la Constitución Provincial. Este fue el fundamento que
vertieron casi todos los opositores que hablaron. Esa observación los llevó a plantear
la inconstitucionalidad del nuevo código minero y que, según observaron, abriría la
judicialización del mismo.
“La primera discrepancia seguramente es la autoridad minera, que desconozco
cuáles son los intereses de esta furia constitucionalista, este es un sistema mixto”,
inició el debate el oficialista Augusto Barros. También aludió a que el proyecto
termina con intereses de algunos sectores: “Transformar la autoridad administrativa
significa que no se necesita patrocinio legal, la administración es informal mientras
que si necesita patrocinio legal cuando se está en cabeza la autoridad judicial”.
Luego, Tiago Puente rescató que “otorgar a la Autoridad Minera Administrativa
facultades jurisdiccionales va en contra del artículo 203 de la Constitución Provincial”
y también se violaría “el principio constitucional de juez natural haciéndolo pasible de
futuros planteos judiciales”.
Mientras José “Chichi” Sosa consideraba que “no debemos cambiar lo que dio
seguridad jurídica al inversor”, un par del bloque radical, el santamariano Carlos
Marsilli, apostaba por “pensar en la juventud que espera ansiosa tener una
oportunidad” de trabajo. “Que la actividad minera deje de ser un negocio inmobiliario”,
disparó. Sobre este punto, Francisco Monti mencionó que “si hay propietarios
mineros que no realizaron inversiones, no fue solamente por connivencia del Juzgado
de Minas”.
Llamativamente, en un tramo del debate, la oficialista Natalia Ponferrada rescató las
palabras positivas de Lucía Corpacci sobre la justicia como autoridad minera. “¿Los
logros alcanzados impactaran en el futuro de la minería? El tiempo dirá si este es el
camino, por eso es necesario acompañar para dilucidarlo”, dijo. También Daniel
Lavatelli volvió a pedir al Gobierno “ampliar la base en la Legislatura” y que las
decisiones no se tomen desde un grupo reducido. En tanto, Paola Fedeli realizó una
síntesis del proyecto planteando con claridad y fundamentos los motivos por los
cuales se debían aprobar el nuevo Código propuesto por el Gobierno.

Por su parte, Genaro Contreras, si bien evaluó que “el sistema actual es mejor que el
que se está por implementar”, también consideró “que el Gobernador debe tener la
oportunidad de establecer la política minera”. De esta forma adelantó que iba a
acompañar.
Por su parte, Marita Colombo deslizó que “será responsabilidad del Gobierno
demostrar que este no es otro paso más en el desguace de las estructuras
institucionales que venimos presenciando a lo largo del 2020”.
Desde el PRO, Enrique Cesarini esgrimió que pretende “el progreso y el crecimiento
de mi provincia, supervisaré el sistema y dejo en claro que como bloque vamos a
acompañar, pero no es un incondicional ni adoctrinado, sino que es una muestra de
unidad en la aplicación de políticas de Estado”.
Así las cosas, se llevó a votación donde el oficialismo contó con el acompañamiento
de cuatro diputados del interbloque opositor. Fueron 28 los votos afirmativos, contra
11 negativos y dos ausentes.