Ayer los comerciantes de la Capital se manifestaron contra las restricciones que impuso el Gobierno provincial para frenar el avance del COVID-19.

Desde la Unión Comercial convocaron a abrir los locales a pesar de estar prohibido para los rubros “no esenciales”. Otro grupo, distanciado de la conducción del ente que los representa, se manifestó frente a la nueva Casa de Gobierno, ubicada en la avenida Presidente Castillo.

Para evitar las dos formas de protesta, la Policía de la Provincia montó un impresionante operativo de seguridad que generó un caos vehicular durante toda la mañana.

Tal como lo habían anunciado, los comerciantes que conforman la Unión Comercial abrieron sus puertas en repudio a las nuevas restricciones. Desde la entidad, afirmaron que la medida fue un éxito ya que el 90% de los negocios que la integran se adhirieron.

En ese marco, a primera hora de la mañana se pudo observar a un grupo de policías realizando controles en la peatonal Rivadavia, intimando a los comerciantes que cierren las puertas de sus comercios pues estaban violando el decreto provincial.

A pesar de estas intimaciones, los comercios decidieron seguir trabajando en forma normal hasta las primeras horas de la tarde.
Por las intimaciones a los locales, hubo una diferencia de criterios entre la Provincia y la Municipalidad de la Capital. Es que, mientras efectivos de la Policía solicitaban a los locales que cerraran sus puertas, inspectores de la Municipalidad solo se limitaron a corroborar que los comercios cumplieran con los protocolos de salud y seguridad.

En diálogo con El Ancasti TV, la secretaria de protección ciudadana, Mariela Romero, indicó: “La Municipalidad está haciendo un recorrido en el microcentro y no se realizó ninguna clausura porque los comerciantes están cumpliendo con la modalidad no presencial prevista en algunos rubros”, dijo.

Sobre las intimaciones que realizaban las fuerzas de seguridad, manifestó: “El trabajo de la Policía suponemos que lo hizo por alguna denuncia, pero el municipio no tuvo ninguna actuación en estas clausuras”.

Por otra parte y mientras en la peatonal Rivadavia se trabajaba prácticamente en forma normal, en las afueras del microcentro se vivía un caos vehicular producto del estricto control que realizaba la Policía. Sucede que los uniformados no dejaban ingresar ningún vehículo cuyo conductor no poseyera el permiso para circular. De hecho, hubo casos en los que los uniformados no dejaban ingresar al microcentro a personas que no contaban con esta autorización.

Protesta en Casa de Gobierno 
En otra parte de la ciudad, otro importante grupo de comerciantes y empleados del sector se manifestó frente a Casa de Gobierno exigiendo poder trabajar. Con carteles que decían “el comercio está de luto”, “el comercio también es esencial”, “basta de restricciones”, estas personas marcharon por avenida Presidente Castillo hasta la rotonda del CAPE.

En el lugar, un importante operativo de seguridad custodiaba que no se produjera ningún desmán. Sin embargo, hubo momentos de tensión entre los manifestantes y la policía, que no permitió que se prendieran gomas en la avenida.

Los comerciantes que estaban en la protesta exigieron que los dejen abrir sus locales y amenazaron que si no los dejan trabajar van a proceder con cortes de ruta en los ingresos a la Capital. “El decreto solo nos deja trabajar por tres días. ¿Qué va a pasar después? ¿Nos van a dejar abrir?”, dijeron en la protesta.

“Nuestra situación es alarmante, tenemos que pagar alquileres, impuestos y a los empleados. Absolutamente nadie del gobierno va a sacar plata de sus bolsillos para pagarnos”, dijeron.

Clausuran bar en sanatorio
Ante denuncias que circulaban por las redes sociales, personal de la Policía procedió a la clausura del bar que se encuentra dentro de las instalaciones del Sanatorio Junín.

Desde el Ministerio de Seguridad se emitió un comunicado que daba cuenta del accionar de los uniformados. “Por expresa directiva del ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, el personal policial se constituyó en un conocido sanatorio de calle Junín, para constatar la veracidad de una denuncia pública sobre la apertura con asistencia de clientes consumiendo en el bar gastronómico de dicho nosocomio”, indicaron.

“Habiéndose constatado la misma, se procedió a la inmediata clausura y aplicación de la multa correspondiente por infringir las medidas de restricción vigentes”, añadieron desde el Ministerio.

Postura del PRO
La dirigencia local del PRO emitió un comunicado donde repudió “la represión institucional desatada por parte del gobierno provincial del cual está siendo víctima el pueblo de la provincia de Catamarca, que ha salido a expresar en las calles su constitucional derecho a trabajar”.

En ese marco, cuestionó que “el ataque brutal de las fuerzas de Seguridad del Gobierno en un claro desprecio y alejamiento de las necesidades del pueblo  que los hace caer en la ignorancia de lo que realmente viven las calles catamarqueñas”.

“Hemos visto como el holding que maneja el gobierno provincial incumple las reglas que ellos mismos dictan y le caen a todos los catamarqueños salvo al ‘Grupo J’ que siguen abriendo sus comercios, concesionarios y bares con total impunidad”, añadió.
Finalmente, indicó: “Toman decisiones apresuradas, infundadas, desoyendo a la comunidad y se equivocan enfrentándola entre sí”.