La Municipalidad de la Capital salió al cruce del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que mantiene las medidas de fuerza. Para las autoridades, el paro no tiene sustento porque todos los planteos por los que se inició el proceso de conciliación obligatoria hace un mes ya están en vías de solución y reiteraron que avanzarán con los
descuentos de los días no trabajados.
El secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre, y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya (FT), aseguraron que no existe un precedente en el país de una situación similar: «A esta gestión no le dieron plazo ni de un día», cuestionaron. El paro fue imperceptible y muchas dependencias funcionaron con normalidad.
Para Aguirre, el paro «es cuanto menos una situación injusta». «De parte de las nuevas autoridades hubo voluntad y buena predisposición de resolver los problemas, y a pesar de todo el SOEM quiso seguir con las medidas de fuerza, que le generan un problema más que nada a la ciudadanía porque se resienten los servicios.
Creemos que a 24 horas hábiles de asumir la gestión, esto es cuanto menos una situación injusta, teniendo en cuenta que lo primero que hizo el Intendente fue convocarlos», cuestionó el secretario de Gobierno.
En ese sentido, lamentó que el paro genere «divisiones y enfrentamientos entre los trabajadores», y destacó que fueron «innumerables los mensajes y llamados de los empleados d»Se aprobó por unanimidad en el CD y cuando asumimos la gestión los tiempos para el veto ya habían vencido»iciéndonos que les parece una injusticia lo que está ocurriendo; diciendo que en algunos casos no podían alzar la voz o que se les bloqueaban la posibilidad de trabajar».
En diálogo con Radio Ancasti, Aguirre remarcó que este paro «no tiene nada que ver con ningún planteo de aumento de sueldo, ni un bono de fin de año, ni está en disputa ningún incremento económico para el bolsillo de los trabajadores en general», sino que tiene que ver con tres planteos puntuales que fueron los que llevaron a la conciliación obligatoria el mes pasado.
«Esos planteos son el adicional AFE (Fondo Estímulo), los botines para algunas áreas y los camiones de Higiene Urbana. El sábado se nos pidió un informe del estado de avance de los reclamos y el lunes se nos pidió que resolvamos esos temas pendientes. Por ejemplo, en relación con los botines se decidió la compra inmediata, pero por supuesto que hay que abrir un expediente de compra porque es un monto importante.
Eso puede estarconcluido la semana que viene. Sobre los camiones había dos en reparación, se los puso en condiciones. Respecto del AFE se ordenó el pago de ese adicional. Incluso se había propuesto pagar en seis cuotas y hablando con los trabajadores ellos pidieron tres, porque si se les devolvía en una sola iban a quedar alcanzados por el impuesto a las Ganancias», recordó.
Aguirre insistió en que en este contexto, desde el Ejecutivo «sentimos la necesidad de aplicar las normas». «En base a lo que nos permita la ley vamos a ir a fondo. Vamos a avanzar con la aplicación de los descuentos. El derecho a huelga no significa que se le garantice el pago de sueldo a aquella persona que no haya trabajado. No les vamos a
aplicar sanciones disciplinarias, no tendrán ninguna mancha en sus legajos, pero el día que no trabajaron no se les va a pagar. Esta situación ya fue dirimida en la Justicia y existen antecedentes», sostuvo.
Por último, explicó que el municipio mantiene su compromiso y vocación de diálogo, pero «con responsabilidad».
«Un paro es una medida extrema, excepcionalísima. Si fuera como en otras provincias, donde hay empleados municipales a los que se les deben dos meses de sueldo, uno entendería. Estamos planteando un llamado a la racionalidad», finalizó.
Sin la ordenanza
Por otra parte, el secretario de Gobierno reiteró que el municipio ya no tiene competencia para modificar la ordenanza que declaró el servicio de recolección de residuos como esencial y explicó que solo esperan a que sea publicada en el Boletín Municipal para dar cumplimiento efectivo.
«Se aprobó por unanimidad en el CD y cuando asumimos la gestión los tiempos para el veto ya habían vencido», fundamentó Aguirre.
Esta ordenanza permite al Ejecutivo contratar a terceros para cubrir la recolección de residuos ante medidas de fuerza como las actuales. Ante la imposibilidad de ejecutarla, el martes el municipio debió recurrir a una instancia judicial para que se permita la salida de los camiones recolectores y su posterior ingreso a la planta de tratamientos.
