Galán ya reconoció que le pide a sus empleados de la Legislatura «contribuciones voluntarias» para realizar acciones sociales, bajo la lógica de que «una persona que cobraba $0 y ahora cobra $1.100.000 algo puede aportar».
También dijo que algunos de sus empleados legislativos estaban en el Corralón porque la gente le pide ayuda que puede gestionar desde ese lugar.
De hecho, la primera denunciante relató que ella había sido nombrada en la Legislatura y que debía cumplir horarios en la empresa particular del diputado. Para probarlo, ofreció como testigo a un compañero de trabajo: Iván Luna Avellaneda, quien se convirtió esta semana en el autor de la cuarta denuncia penal por amenazas e intimidación.
El hombre explicó que él también era personal transitorio de la Legislatura, pero que trabajaba en el Corralón San Javier por pedido de Galán. Además, relató que cuando la primera denuncia tomó estado público, el diputado le pidió que declarara para contradecir a la mujer denunciante y además que dejara de ir al Corralón y cumpliera horario en la sede social, ubicada en un local contiguo.
