INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL
Para el juez Héctor Maidana, las explicaciones vertidas por el fiscal sospechado “no han sido lo suficientemente satisfactorias”.
El juez de Control de Garantías N° 1, Héctor Rodolfo Maidana, solicitó el desafuero del fiscal de instrucción Ezequiel Walther, quien está sospechado de haber hurtado dos cajas de herramientas a fines de junio pasado.
La medida se conoció ayer a la mañana y se notificará a las partes quienes tienen tres días para apelar la medida. En el caso de quedar firme el pedido de desafuero, las actuaciones serán elevadas a la Cámara de Senadores, que deberá definir el desafuero de Walther.
El artículo 20 del Código Procesal Penal de la Provincia señala que el juez llevará adelante “una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado”. En el caso que la investigación dictamine que hay elementos suficientes, será la Legislatura la que resuelva el desafuero. Una vez ocurrido esto, la Fiscalía de Instrucción deberá avanzar con la investigación penal.
“Las explicaciones brindadas por Walther en su comparendo no han sido, pese a su denodado esfuerzo, lo suficientemente satisfactorias”, subrayó Maidana en su resolución, quien añadió que Walther “por ningún concepto podía sacar las cajas de herramientas del lugar donde éstas se encontraban, esto es en la caja de la camioneta de los damnificados, ni mucho menos guardarlas en el interior de su camioneta y taparlas con una campera”. Walther había declarado en la causa pero sus dichos no fueron coincidentes con los del playero y de otro testigo citado en la causa.
Jury
El 26 de agosto, el Tribunal de Enjuiciamiento había declarado por resolución la apertura del juicio. Luego, el fiscal del jury, Alejandro Dalla Lasta, había presentado la acusación contra Walther.
Señaló que existió una conducta “indebida” e “inapropiada” por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal. Advirtió que la conducta reprochable “consistió en sacar elementos fuera de la esfera de la custodia de su propietario” para reubicarlos en un lugar de su propiedad -independientemente de que este accionar constituya o no un delito-. “En el caso concreto, no se encontraba obligado por las circunstancias a realizar dicho acto ni se vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en dicho lugar. Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado, según sus propios dichos”, detalló.
Para el fiscal, “la cuestión denunciada emerge que el hecho atribuido al fiscal puede revestir una gravedad inusitada, que repercute en la confianza social depositada en él mismo y que resulta incompatible con el buen servicio de Justicia. Circunstancia ésta que resulta -por sí sola- un escollo infranqueable como para archivar el presente legajo en esta instancia procesal”.
Fuente: El Chasqui Digital
