El próximo 16 de agosto dará inicio el juicio de la denominada causa del «Megafraude de Desarrollo Social”, que tiene como imputados a exfuncionarios y empleados que se desempeñaban en esa área y a algunos referentes de fundaciones que trabajaban para el gobierno provincial. Todos están acusados de defraudar económicamente al Estado durante el gobierno del Frente Cívico y Social.
La causa, que comenzó a ser investigada en 2004, pasó por innumerables instancias hasta llegar a ser elevada a juicio, lo que ocurrió recién a 11 años de haber comenzado la instrucción, en mayo de 2015.
Según se informó, el decreto que determina la fecha de inicio del juicio se firmó ayer y se enviaron las respectivas notificaciones a las partes.
130 testigos
De acuerdo a lo que anticiparon fuentes judiciales, está prevista la presentación de 130 testigos, 67 de los cuales serán presenciales. Los abogados Víctor García, Fernando Contreras, Luciano Rojas, Fernando Navarro, entre otros letrados, encarnarán la defensa de los acusados.
Teniendo en cuenta la magnitud del debate, en el que estarán presentes 10 imputados y sus respectivos representantes legales -varios de los acusados cuentan con más de un abogado-, desde la Justicia se busca un espacio físico adecuado para llevar a cabo las audiencias, puesto que las actuales instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial no cuentan con la capacidad física para albergar a la gran cantidad de actores.
Según se dio a conocer, los 10 imputados deberán responder por el delito de «fraude contra la Administración Pública”.
Quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, está acusado de 24 hechos de fraude.
La misma situación procesal pesa sobre el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina, la exempleada de Desarrollo Social Nancy Madueño (ambos acusados por la comisión de 24 hechos) y funcionarios que se desempeñaban en el ministerio de Hacienda: el excontador de la Provincia, Juan Andrés Barrios; la exsubcontadora general Susana De la Colina, los exempleados Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana Jalil de la Barrera.
Asimismo, entre los acusados se encuentran Carlos Arriazu, quien era el titular de la fundación «Jóvenes en Progreso”, y responderá por 11 hechos de corrupción y Hugo Diamante, quien presidía la organización denominada «Ideia”, acusado de cometer un total de 13 hechos de similares características.
«Maniobras ilícitas”
Según se desprendió de la investigación preparatoria penal realizada en torno a los hechos, los acusados habrían organizado capacitaciones por las que cobraban al Estado provincial importantes sumas de dinero. Pese a percibir el dinero, los cursos estipulados no se dictaban, o en caso de realizarse, a los mismos, presuntamente, no asistían la cantidad de alumnos que se plasmaban en los papeles y eran presentados en los balances finales.
El supuesto desfalco le habría costado a las arcas del Estado provincial a la suma total de $4 millones.
