Es por la falta de presentación de rendiciones de cuentas de los años 2021-2022. El exjefe comunal ahora tiene fueros porque fue electo senador, con lo que se paraliza la investigación.
El Tribunal de Cuentas dispuso la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad en el ámbito de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en contra del exintendente Guillermo Ferreyra e integrantes de su anterior equipo de gestión por la falta de presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes al segundo semestre de 2021, primer semestre de 2022 y segundo semestre de 2022. Tres años después las rendiciones todavía no fueron presentadas y el sumario administrativo continúa su curso. Sin embargo, el exjefe comunal tiene fueros parlamentarios porque el año pasado fue electo senador departamental, lo que implica la paralización de las actuaciones hasta que cumpla su mandato.
En junio de 2022 la exdirectora de Contaduría de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, Paula del Valle Plaza, había solicitado una prórroga para dar cumplimiento a la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes al primero y segundo semestre de 2021. En febrero de 2023, el Tribunal de Cuentas estimó procedente conceder la prórroga en carácter de excepción, en el entendimiento de que era necesario facilitar el ingreso de los documentos para justificar el gasto público. Se decide hacer extensiva la prórroga al exintendente Guillermo Ferreyra y a quienes integraban su equipo: Noelia Julieta Posch, exsecretaria de Hacienda y Finanzas, Laura del Valle Romero, exdirectora de Tesorería.
Así fue que el Tribunal de Cuentas integrado por Sebastián Véliz, Víctor Villarroel y Jorge Moreno, dispuso conceder con carácter de excepción una prórroga de 30 días para la presentación del primer semestre y segundo semestre de 2021.
En la resolución, el TC advertía que la falta de presentación de las cuentas daría lugar al inicio del procedimiento de determinación administrativa de responsabilidad.
Según documentación que trascendió, unos meses después, se registró el incumplimiento de la prórroga otorgada y es por eso que el organismo dispuso la instrucción de un sumario administrativo de Responsabilidad en contra de los funcionarios y/o agentes involucrados en la falta de presentación de las rendiciones de 2021 y 2022. En este caso, el organismo tomó la decisión del sumario para determinar responsabilidades y el daño ocasionado a la hacienda pública si los hubiere.
Se designó un sumariante a quien se facultó para requerir a los organismos actuantes los informes, antecedentes y declaraciones que resulten necesarios. Además, podía requerir informes y antecedentes a los organismos provinciales, municipales y reparticiones fijándoles también un plazo perenterio para su respuesta y advertía que esta situación podría generar la aplicación de una multa.
En la actualidad, el sumario administrativo dispuesto no pudo avanzar por la falta de entrega de documentación, pero además por la particularidad de que el exintendente Guillermo Ferreyra tiene fueros parlamentarios.
Se trata precisamente de una de las modificaciones que hace varios años atrás se pretendió realizar a la ley del Tribunal de Cuentas a partir de propuestas que habían sido presentadas por los exdiputados Hugo Argerich, Silvia Moreta, Pablo Sánchez, entre otros. Sin embargo, los proyectos no lograron avanzar. En los últimos años el exdiputado Armando Zavaleta también intentó avanzar con otras modificaciones, pero el destino de esas iniciativas fue el archivo.
De acuerdo a los registros documentales, en 2014 fue la última vez que se intentó avanzar en la modificación de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
La ley actual del Tribunal de Cuentas es la 4621 del año 1991. Y es necesaria su actualización para agilizar tramitaciones, desburocratizar el organismo, corregir errores formales, aclarar conceptos y poder incluir sistemas modernos de información en el control.
Uno de los puntos a favor de la modificación de la ley es para establecer que deberán continuar los procesos de juicios sin importar si el funcionario asume un cargo en el que tiene fueros. Además, establece tiempos perentorios para rendiciones, requerimientos del TC, como para definir situaciones de legalidad y sanciones.
Fuente. El Ancasti
