En el marco de la investigación que sigue la Unidad de Delitos Especiales y Contra la Administración en la causa que se lleva contra el intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, por posibles irregularidades en la inversión de fondos nacionales en obras durante su gestión anterior, fueron citados a indagatoria dos exfuncionarios.
Se trata de Pablo Marcelo Bustamante (exsecretario de Obras Públicas y actual coordinador en la comuna) y Mónica Ledesma, quien fuese la responsable del proyecto.
Si bien trascendió que estos no se presentaron a la indagatoria, fuentes cercanas a la causa indicaron que el abogado defensor de Bustamante planteó la incompetencia de la Fiscalía a cargo de Marcelo Sago puesto que se trata de fondos nacionales.
En este orden, el letrado defensor es Fernando Navarro, quien a la vez es funcionario de la comuna chacarera -fue dado de alta el 20 de enero del año pasado-. De acuerdo a lo que explicaron algunos letrados consultados por este medio, el intendente no podría ceder como abogado defensor a un funcionario de la comuna, por cuanto configuraría el delito de peculado.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que en el propio expediente figura la acreditación de las obras con fotos, las cuales, a prima facie, serían fraudulentas ya que no están las obras cuya fuente de financiamiento fue el programa «Mejoramiento e Infraestructura Básica II”.
Cabe señalar que anteriormente los fiscales solicitaron el desafuero de Jalile por cuanto ocupaba una banca en la cámara baja. Actualmente, el juez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña, ordenó a Sago que avance con la investigación sobre el accionar del jefe comunal.
En este marco, fuentes judiciales aseguraron que tanto el intendente chacarero como los dos exfuncionarios están imputados. A la vez, se mencionó que el intendente no sería llamado a indagatoria puesto que se debe avanzar con un proceso especial ante lo dispuesto por el magistrado.
Por otra parte y en el transcurso de las últimas horas de ayer, trascendió que si Jalile busca ir a la Justicia federal, una de las partes tomará contacto con el titular de la Fiscalía Federal 9, Marijuán. El objeto sería incorporar datos de la investigación realizada en la provincia, que lleva adelante el funcionario judicial por el caso de José López.
