El juzgado de Control de Garantías rechazó un planteo de nulidad y confirmó la elevación a juicio de la causa de las compras directas de Acción Social, que tiene como los principales imputados a dos funcionarios clave del gobierno de Oscar Castillo: el exministro de Salud Pablo Doro y el exsubsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán.
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La resolución del juez José Antonio Carma parte de un pronto despacho enviado por el fiscal instructor de la causa, Ezequiel Walther, en el que solicitó al magistrado que resolviera la situación de los imputados con la mayor celeridad posible.
Es que el expediente se encontraba en el despacho de Carma desde hacía un año y cinco meses, cuando Walther elevó a juicio la causa y la defensa de Doro y Brandán se opusieron y plantearon la nulidad de la investigación.
Ahora, la defensa de los imputados tienen la posibilidad de apelar esta medida, con lo que su resolución podría pasar a la Cámara de Apelaciones.
La causa
Los exfuncionarios radicales fueron sindicados como artífices de efectuar compras directas millonarias que se realizaron con fondos públicos en 2003, durante el gobierno de Oscar Castillo y mientras se realizaba la campaña del gobernador Brizuela del Moral.
La causa comenzó a investigarse en 2004, luego de la denuncia radicada por el exdiputado Fidel Sáenz, pero debido a que Brandán asumió luego como diputado provincial, no fue imputado por el delito sino hasta 2011, ya que el bloque del Frente Cívico se negó a quitarle la protección parlamentaria.
La acusación afirma que durante los 9 meses que Brandán estuvo al frente de la subsecretaría de Acción Social, hace 13 años, ejecutó compras directas por 27 millones de pesos. Más del 70% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez empresas,[tooltip id=»3dca59397b4823f15ce9d53d77848e9d»]
[tooltip id=»26965e3082f525c1053b7525235bd1f5″][tooltip id=»f9ee96db5e6b80167349246616d82b15″] [/tooltip][/tooltip][/tooltip] las que sospechosamente habían tenido inicio de actividades poco tiempo antes de comenzar a venderle al Estado.
Los otros imputados son el exencargado de depósitos Guillermo Martínez, la exdirectora de Servicios Administrativos Teresa Miñaura y la exencargada del servicio de Contaduría, Carlina Zurita.
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