El cuestionado fallo de la Suprema Corte de Justicia que aplica el cómputo del 2×1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad -conocido como la causa Muiña- fue eje de debate en la cámara baja en la última sesión.
Si bien repudiaron unánimemente la sentencia de la SCJN, la diferencia entre los bloques quedó establecida sobre la lectura política del hecho. 
Mientras que para unos -el bloque del FPV-PJ- es una intentona de dar impunidad bajo la avenencia del Poder Ejecutivo nacional, para otros -el bloque del FCS-Cambiemos- es la muestra de la independencia de poderes que se pregona.
El debate entre los diputados fue dándose paulatinamente. Es que había cuatro proyectos de autores diferentes sobre el mismo tópico.
La presidenta del bloque oficialista, Cecilia Guerrero (FPV-PJ), fue quien lanzó la primera observación.
«No podemos convalidar esta nueva intentona de impunidad por parte de un poder del Estado -en alusión al Judicial-”, dijo, indicando que el fallo «no es una casualidad, forma parte de un deliberado intento de favorecer a genocidas propiciado desde altísimas esferas del Gobierno federal”.
Silvana Carrizo (FCS-Cambiemos) diferenció el «irrestricto apoyo e independencia del Poder Judicial” repudiando dos puntos: la sentencia y los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que no hubiese ocurrido durante su gestión, lo que es «un vergonzoso sincericido que confirma que lejos estaba en la autonomía de los poderes”.
A su momento, Augusto Barros (FPV-PJ) parafraseó: «Se ve que la corte también votó el cambio”.
Así, contempló que «hay una cadena de hechos que no pueden disimular la dirección del pensamiento que tiene el Gobierno nacional”, con «actitudes asumidas por quienes forman parte de Cambiemos que mostraron el deprecio a la lucha por los derechos humanos”.
«Es un errorismo de Estado, cometen un error para ver si pasa, pero que a ese errorismo no le agreguen la T”, advirtió irónicamente.
Por su parte, la presidente del bloque FCS-Cambiemos, Marita Colombo, indicó que no podía dejar pasar «el planteo -desde el oficialismo- de injerencia del Ejecutivo sobre los tres jueces”.
«A partir de diciembre del 2015 rige la independencia de poderes”, aludió, negando que «esto sea el preámbulo de la represión que se pretende instalar a partir de octubre como dicen algunos delirantes o una intentona ni deslegitimar la lucha”.
El diputado Carlos Molina (FCS-Cambiemos), al momento de su alocución, apuntó a la existencia de un silencio por «el fallo de la corte en el caso de Antonio Simón, excoronel condenado por delitos de lesa humanidad y que en el 2013 recibe el beneficio del 2×1, que tuvo una apelación y es rechazado por la SCJN”.
Seguido, Guerrero rechazó que se busque algún tipo de rédito político y resaltó el ruido que genera que «quienes hoy ocupan importantes sitiales en el poder del Estado nacional provienen de conspicuas familias que amasaron fortunas durante la dictadura”. «Que esto sirva de alerta”, expresó.
Casi al finalizar, Vázquez Sastre (FCS-Cambiemos) dijo que el oficialismo provincial «entra en el plano de las especulaciones”, acusándolos de «un doble estándar peligroso”.
«Muchos que hoy se rasgan las vestiduras son los que apoyaban el indulto de Menem y no he visto en este recinto repudiar a Milani”, concluyó.
Congreso
El senador Oscar Castillo (FCS) destacó la rapidez con la que reaccionó el Congreso para aprobar el límite en la aplicación del 2×1 y puso de relieve «la recuperación de la independencia de poderes”.
Por su parte, su par Dalmacio Mera dijo: «Jamás se me ocurrió que íbamos a estar tratando en este recinto un proyecto para decirle a la SCJN que a la ley hay que respetarla”.
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